“Levantón” a Funcionarios
Gonzalo Egremy
*Indígenas llegaron al Juzgado de Bochil, sacaron a empellones a los licenciados en Derecho que ahí laboran, y se los llevaron a una comunidad.
*Responsabilizan a los funcionarios retenidos de “corrupción” porque, presuntamente, dieron boleta de libertad a un detenido acusado de homicidio.
Al menos seis funcionarios del TSJE en Bochil, en el norte del Estado, fueron llevados, en contra de su voluntad, a una lejana comunidad indígena.
Una turba de tzotziles, descendientes de los mayas, llegó ayer al Juzgado Mixto (Penal-Civil) y a gritos y empellones sacó de esa oficina administradora de justicia, a todo el personal que ahí se encontraba.
Con insultos y empujones, los subieron a camiones de tres toneladas, en donde arribaron a esa oficina, al juez, Julio César Villatoro Gómez.
Así como a los secretarios, Andrónico López Pérez y José Arguello Pola; al actuario, Javier Pérez y hasta al oficial de partes, Fernando Zenteno Urbina.
También “cargaron” con el defensor de oficio o público, Cristóbal Vázquez Pérez y con el “operador político” de la Subsecretaría de Gobierno (aunque algunas fuentes indican que los enojados indígenas, le gritaban que era “oreja”; subrayado de quien esto teclea), Jorge Erik Zenteno Cruz.
Los indígenas, habitantes de la comunidad “Llano Grande”, del mismo municipio de Bochil, en las montañas del norte del Estado, argumentaron que se llevaban retenidos al personal del Juzgado Mixto porque habían “dejado en libertad al (probable, subrayado de quien esto teclea) asesino de Adelfo López Núñez, homicidio registrado el 28 de octubre del año pasado 2016”.
De acuerdo con las fuentes informativas, quienes no proporcionaron el nombre del probable responsable del homicidio de Adelfo López Núñez, es originario de otra comunidad denominada “Luis Espinoza” y estaba bajo proceso en prisión preventiva ahí en Bochil.
Sin embargo, agregan, que los vecinos del occiso de “Llano Grande” se enteraron que el presunto homicida fue puesto en libertad, y que por ello acordaron llevarse a su comunidad a todo el personal del Juzgado.
El hecho ocurrió aproximadamente a las 14 horas de ayer, y al momento de redactar la presente (18:30) no había una versión oficial de lo ocurrido en Bochil (en Tzotzil significa Jícara de Grillos).
Tampoco que la Secretaría de Gobierno que encabeza Juan Carlos Gómez Aranda o el Tribunal Superior de Justicia del Estado, con Rutilio Escandón Cadenas, hayan entablado diálogo con los indígenas que le dieron “el levantón” a los siete funcionarios.
Bochil está a sólo 93 kilómetros al norte de Tuxtla Gutiérrez; hacia las montañas de Soyaló e Ixtapa; cerca de ahí está Jitotol y Pueblo Nuevo Solistahuacán o más al norte, Pichucalco y los límites con Tabasco.
Tiene, (antes de éste nombre, según historiadores, se llamó “Espanto Negro”) poco más de treinta mil habitantes, en su inmensa mayoría de la etnia Tzotzil, que desde hace tiempo, entre las comunidades, impera graves conflictos por diversas causas, entre ellas la religión.
Lógicamente los familiares de los retenidos empezaron a angustiarse porque saben que los indígenas de aquella región, son bastantes violentos.
Y si los titulares de los Poderes no logran proteger la integridad física y la vida misma de sus empleados, ejerciendo y aplicando el Estado de Derecho, pocos serán los que deseen prestar sus servicios profesionales en aquella región en donde pareciera que no existe gobernanza, ¿no cree usted?
