Aun cuando atraviesa un proceso de extinción, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) designó a los sustitutos de los dos funcionarios removidos esta semana, tras ser acusados por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) de sobornos; sin embargo, los nuevos nombramientos ahondaron la división que existe entre los comisionados que integran el pleno.
Por unanimidad, Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu fue designado como titular de la Secretaría de Protección de Datos Personales, en sustitución de Jonathan Mendoza.
Sin embargo, en la sesión virtual extraordinaria del pleno del instituto hubo una votación dividida en el caso de Víctor Manuel Castro Borbón como titular de la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción.
Votaron a favor de esta designación los comisionados Adrián Alcalá Méndez (presidente); Blanca Lilia Ibarra Cadena, y Josefina Román Vergara. Norma Julieta del Río Venegas sufragó en contra.
Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu es sobrino de César Yáñez Centeno Cabrera, actual subsecretario de Gobernación y quien fue colaborador muy cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Se integró antes al Inai como director general de Cumplimientos y Responsabilidades. Y llegó a fungir como titular del instituto colimense de transparencia y protección de datos.
Sin embargo, la designación de Castro Borbón desató un enfrentamiento entre los integrantes del pleno, sobre todo por parte de la a comisionada Norma Julieta del Río Venegas, quien expresó que Castro Borbón ha mantenido durante siete años un amparo contra la Ley de Austeridad Republicana, lo que le permite percibir un sueldo superior al de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al de los propios comisionados del Inai.
«He expresado, he externado mi posición al respecto, lo comparto, de que, en esta institución, que lo he dicho siempre, que aún existan funcionarios que llevan a la fecha siete años. Imagínense ustedes, siete años amparados, para continuar obteniendo beneficios personales, a diferencia del resto de todo el personal de este instituto.
«No puedo votar a favor de un servidor público que se encuentra amparado. No puedo votar a favor, porque sería incongruente por toda mi carrera que he tenido aquí señalando este tipo de situaciones», destacó la comisionada, quien votó en contra de esa designación.
Señaló que, con la expedición, en 2018, de la Ley Federal de Austeridad Republicana, la administración pública tiene la obligación de adoptar medidas de austeridad, que contempla la prohibición de contrataciones y de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con recursos del Estado, tal como el seguro de separación individualizado.
«Cuando me refiero a ese voto por congruencia, es porque personas servidoras públicas tenemos obligaciones y principios que debemos de acatar. Y existen personas que se ampararon contra los efectos de esta Ley de Austeridad, ganando por encima de la Presidenta de la República y por encima de los propios comisionados de este instituto», recalcó Del Río Venegas.
Dejó en claro que la congruencia no es nada personal e insistió en que los comisionados del Inai deben alinearse a esos principios de austeridad establecidos en la referida ley.
«No puede haber transparencia ni una adecuada rendición de cuentas si nosotros mismos avalamos este tipo de situaciones. Al tener un cargo público, aceptamos que nuestras acciones se sometan a un mayor escrutinio, como el de la Auditoría Superior de la Federación», enfatizó la comisionada.
El pleno del Inai también designó por mayoría de votos a Haydee Samantha García Camarena como titular de la Dirección General de Prevención y Autorregulación, y por unanimidad a María Fernanda Hernández Enríquez como titular de la Dirección General de Capacitación. Sun
Designaciones Ahondan División en el Pleno del Inai
