OPINIÓN PÚBLICA

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¿Privatizarán Recursos Naturales?
Gonzalo Egremy

*Se inconforman por Ley General de Biodiversidad aprobado el proyecto por la Comisión legislativa del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

*Existen intereses económicos de miles de millones de Dólares atrás de esa ley para generación de energía, minas, farmacéutica y de alimentos.

Circula la especie de que ayer, en avión, y en paquete, viajaron a la Ciudad de México, concretamente al Instituto Nacional Electoral: el ex Fiscal General, Raciel López Salazar, el exsecretario de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, el exsecretario de Infraestructura, Jorge Betancour Esponda, el ex de Seguridad Pública, Jorge Luis Llaven Abarca y el ex de Hacienda, Humberto Pedrero, encabezados por Eduardo Zenteno Núñez, dirigente en la entidad del PVEM, para registrar la candidatura de cada uno de los anteriores a las Diputaciones federales.Ojalá no se les haya agotado el término que marca la ley que refiere que los servidores públicos (funcionarios) deben estar separados del cargo 120 días antes de la elección (¿o 90 días?), contrariamente a los representantes populares (Ediles, Regidores, Síndicos, Diputados locales, federales, Senadores o Gobernadores)Checaremos con la Ley en la materia.
El veintidós de Marzo pasado, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, aprobó el proyecto de Ley General de Biodiversidad (LGB).
La misma había sido promovida por legisladores del Verde ligados al empresario Ricardo Salinas Pliego, afirman defensores del medio ambiente.
Pero es la Agencia Apro, de la revista Proceso, quien detalla la información de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados.
“Defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente, así como académicos, alertaron sobre la privatización de los recursos naturales en México, a través de aprobación de la Ley General de Biodiversidad, promovida por diputados del Verde y del PRI.
“En conferencia de prensa, integrantes de la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad (LGB) demandaron una consulta pública antes de aprobar en el pleno de la Cámara de Diputados la minuta, misma que fue avalada el 22 de marzo.
Adelita San Vicente, de la organización Semillas de Vida, denunció que la aprobación del proyecto ‘no cumplió con el quórum necesario, se realizó a puerta cerrada, sin grabación de la misma y pasando por alto el tiempo reglamentario de 30 minutos para integrar el mencionado quórum’.
Más aún, acotó, a la reunión sólo llegaron 15 legisladores de 30 que integran la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados (San Vicente advirtió que, tras este proyecto de ley, habría intereses económicos muy fuertes de las industrias de generación de energía, extractiva, farmacéutica, cosmética y de alimentos.
“La activista identificó como uno de los conglomerados implicados al ‘Grupo Salinas Pliego, que tiene intereses no sólo en televisoras sino en la generación de energía, en las mineras; la minera de Baja California la están explotando ellos encima de la defensa que se ha hecho por parte de la población, y ahora presumen intereses en el acceso a los recursos genéticos”.
Igual, agregó que los intereses económicos por sectores son millonarios, y enlistó algunos de ellos: “La farmacéutica está en un mercado que asciende a 955 mil 500 millones de dólares; la cosmética, 426 mil millones; alimentos y bebidas, 11.6 billones de dólares, estamos hablando del futuro de la alimentación del planeta”.
Carlos Ávila Bello, de la Universidad Veracruzana (UV), apuntó que quien impulsó originalmente la LGB fue la senadora Ninfa Salinas, “quien representa intereses particulares de industrias como la farmacéutica, de alimentos y bebidas, cosmética y de biotecnología industrial”.
El académico apuntó que los integrantes de la Coalición Ciudadana ante la LGB están convencidos de que esos grupos empresariales “se quieren apropiar, a través de esta ley, de los recursos energéticos que no sólo son de los pueblos originarios, sino del país; si ya hemos perdido soberanía con Pemex, con esto vamos a perder prácticamente todo”.
Ávila puntualizó que la ley es inconstitucional porque “desde su fundamentación permite el patentamiento de genes, plantas alimenticias y medicinales, cosméticos y del conocimiento indígena que las ha preservado por siglos”, y a quienes “se les paga 700 pesos por hectárea de área protegida al año, y ahora las transnacionales harían un gran negocio”, hasta aquí algunos párrafos de la nota informativa de la Agencia Apro.
Se observa la ambición y codicia de algunos empresarios de televisoras sobre los recursos naturales en México, aún a costa de exterminar el medio ambiente, ¿no cree usted?//Salud