Luis Armando Melgar.
En 2014, en el marco de la Reforma Hacendaria, el Congreso de la Unión eliminó la tasa reducida de IVA que aplicaba en las dos franjas fronterizas. Hasta entonces, dicha tasa era de 11 por ciento, en vez de la que regía en el resto del país del 16 por ciento.
Muchas fueron las reacciones y oposición por parte de los afectados, pues por sus propias características, las fronteras viven en un marco que demanda la máxima competitividad posible.
Sin inversión no hay crecimiento, y sin este no hay generación de empleo ni mejoras en los ingresos.
Para corregir ese error, el presidente López Obrador dio inicio el sábado pasado el Programa de la Zona Libre de la Frontera Norte. Sus principales beneficios son: la duplicación del salario mínimo, la reducción del IVA e ISR a 8 y 20 por ciento, respectivamente; y homologación de los precios de los combustibles con EU.
El Gobierno ha dicho que la Zona Libre atraerá inversión, activará el potencial productivo y elevará la calidad de vida en la región.
Sin embargo, esos mismos objetivos aplican por completo para el caso de la frontera sur, y no hay ninguna razón objetiva para dejarla fuera. Sería injusto. Si el norte lo necesita, para el sur es urgente e indispensable.
AMLO ha destacado que la franja norte servirá como última “cortina” de desarrollo para contener la migración. Pero así como hay una última, debe haber una primera: la frontera con Belice y Guatemala.
El propio Presidente ha reconocido el atraso que padecen, el sur en general, y Chiapas en particular, por lo que inició ya grandes proyectos estratégicos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y la siembra de cientos de miles de hectáreas de árboles frutales y maderables.
Sin embargo, una Zona Libre de la Frontera Sur cerraría el círculo de creación de dos grandes polos de desarrollo que catapulten el crecimiento económico y desincentiven la migración.
Ahora bien. Debe reconocerse que otra zona franca enfrentaría retos importantes, como una posible caída en la recaudación.
Por ejemplo, el costo fiscal de los incentivos en el norte será de más de 42 mil millones de Pesos en 2019, según los Criterios Generales de Política Económica para este año.
Pero en el mismo documento, la Secretaría de Hacienda señala que: “El objetivo de la tasa reducida del IVA será incrementar la demanda agregada y ayudar a reactivar los mercados de la región. Mientras que la tasa reducida del ISR buscará que las empresas y personas físicas con actividad empresarial destinen mayores recursos a la inversión, para generar más empleos y aumentar la competitividad”.
Así, para compensar los costos fiscales, se plantea incrementar la eficiencia recaudatoria, mantener disciplina en las finanzas públicas y recortar programas sociales innecesarios o duplicados, entre otras acciones. Por otra parte, se va a propiciar un crecimiento económico más vigoroso que subsane parcialmente los menores gravámenes.
Aplicar esa misma estrategia sería suficiente para atenuar el costo fiscal de una zona libre del sur, que además es de dimensiones mucho menores.
Pero vayamos más allá. Incluso si las autoridades hacendarias consideraran demasiado oneroso igualar los estímulos con los del norte, los ciudadanos fronterizos del sur estaríamos más contentos si nos devolvieran, cuando menos, el IVA al 11 por ciento.
El impacto en los ingresos públicos sería mínimo en comparación con un recorte al 8 por ciento propuesto, pero también un paso en el sentido correcto para poner fin al cáncer de la pobreza y la marginación. ¡Es tiempo del sureste! Hay que aprovecharlo.
