Arturo Rodríguez
En los fideicomisos había falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; subejercicios superiores a 70% que no se reintegraban a la hacienda pública; una normatividad laxa e, inclusive, había algunos cuya existencia era jurídicamente insustentable, sostiene un estudio realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En medio de la polémica por la extinción de 109 fideicomisos votada en la Cámara de Diputados a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado miércoles 7, el mandatario instruyó a formar un equipo de revisión caso por caso, para que realice un diagnóstico.
El enfoque presidencial es revisar costos de operación, evitar “aviadores” y ahorrar recursos al asumir la dispersión de fondos en la Tesorería de la Federación, partiendo de que los fideicomisos facilitan la corrupción.
Los datos previos, ajenos al Ejecutivo, demuestran que la opacidad, el manejo discrecional de recursos e inclusive actos de corrupción con implicaciones millonarias fueron identificados por la ASF en la mayoría de 305 fideicomisos o figuras análogas que revisó, los cuales, en diferentes casos, no justificaron su existencia ni el cumplimiento del objetivo para el que fueron creados.
Fue la Auditoría 1722 emitida en septiembre de 2019, bajo el criterio de “Estudios” -en este caso sobre los fideicomisos y otros instrumentos jurídicos análogos-, con la que se encontraron las diferentes anomalías en la revisión total de los casos que fue practicada a los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El estudio incluye datos hasta 2018 y un presupuesto anual, en suma, por el orden de los 878 mil 717 millones de Pesos.
“Asimismo, se logró advertir que en algunos no se cumple con los propósitos para su creación y las obligaciones específicas para justificar su operación y la utilización de recursos”, estableció la ASF.
Además, determinó la necesaria intervención de la Secretaría de la Función Pública en sus labores de vigilancia, coordinación y supervisión de auditorías, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Esto es que, durante el sexenio pasado, no lo hizo.
El pasado lunes 5, durante la conferencia de prensa matutina, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, defendió la extinción de los fideicomisos con el argumento de que, entre otras cosas, el subejercicio no era reintegrado a la hacienda pública. No se gastaban y luego no se sabía qué ocurría con los recursos, pues los fideicomisos y figuras análogas escapan a controles presupuestales.
En efecto. Al consultar el mencionado informe de la ASF, resulta que en 2017 había 137 fideicomisos operando y la revisión permitió ver que ninguno gastó más de 30% de su presupuesto. Por ende, 70% del monto presupuestado tuvo un fin incierto.
En Conacyt, la Opacidad.
El caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) sobresale y es subrayado hasta en las conclusiones.
La razón es que de los 81 fideicomisos que carecían de información, 13 eran dependientes del Conacyt.
Los fideicomisos operados en el Conacyt han sido de los más defendidos en medio de las discusiones por su extinción en días pasados y desataron en diferentes momentos amplia polémica.
(…) ninguno de los 13 fideicomisos actualizó sus datos de cumplimiento de la misión y fines. También porque, sin aportar información y con la sola leyenda “esta información no fue actualizada por el secretario administrativo” dejaba en blanco informes que debía rendir por normatividad.
Entre los 13 fideicomisos hay dos relevantes por su presupuesto: el “Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos”, que gozaba de un presupuesto de 2 mil 513 millones de Pesos. El otro, también con Energía, pero para Sustentabilidad Energética, con un monto de mil 498 millones de Pesos.
(…)
O bien, el identificado como “Fondo para la Participación de Riesgos 11480” que obtuvo 16 mil 545 millones, gastó sólo 2 mil 197 millones en un concepto que implica beneficios al sector privado: “canalización de crédito por parte de intermediarios financieros a las empresas y apoyos a sectores estratégicos”.
Fonden, con Tufo Electorero.
En abril de 2015, los representantes de la campaña del candidato del PAN al gobierno de Colima, Jorge Luis Preciado, dieron santo y seña de las irregularidades que en esa entidad se cometían para favorecer al abanderado del PRI, José Ignacio Peralta, a la postre triunfador.
A mediados de marzo de aquel año, la entidad había registrado lluvias extremas que motivaron una declaratoria de desastre y, por lo tanto, acceso a recursos del Fonden. Un mes después se descubrió el reparto electorero.
La denuncia no procedió, como tampoco lo hizo un año después una que se interpuso en Chihuahua, entidad donde una helada inusual, por ser en marzo, impactó 22 municipios. Ahí también había elección de gobernador y el señalamiento fue contra la campaña del priista Enrique Serrano, pues entre otros episodios, la detención de un camión en Villa de Zaragoza permitió encontrar despensas, cobijas y láminas de zinc con engomados de la campaña sobrepuestos a los del Fonden.
Al año siguiente, en Torreón, se ubicó una bodega con insumos idénticos y logotipos del PRI, en plena campaña por la gubernatura coahuilense, que tampoco procedió, como ocurriría luego en Guanajuato, pero a favor del PAN, en la elección de gobernador de 2018.
El Fonden tiene por objetivo “ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos de un fenómeno perturbador”. Esto es que, ante un desastre, el fondo atiende en lo inmediato a los damnificados y, posteriormente, sirve a la reconstrucción.
Una revisión de la auditoría más reciente al Fideicomiso 2003, es decir, el del Fonden, fue publicada en 2018 y demuestra que, en efecto, son muchas las aristas que la ASF encontró desde la propia normatividad.
Por ejemplo: establece inmediatez en las compras sin exigir recibos que sustenten en qué se basa, ni establecer plazos de aplicación, dejando ambigua la entrega de apoyos.
Aunque la ASF no lo precisa, el dato de la ambigüedad en los tiempos de entrega es clave para el tema electoral: había pasado un mes de la atención de la emergencia en Chihuahua, por ejemplo, cuando se detectó el uso electoral de despensas que debieron distribuirse en los días inmediatos a la helada. Apro
