Lourdes Morales Canales
Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas
En pleno auge de la tercera ola de contagios por Covid-19 y con apenas el 17 por ciento de la población completamente vacunada, el Instituto Nacional Electoral inició la difusión formal de la primera Consulta Popular que cumple con todos los requisitos de ley. El contexto no podría ser más adverso. Primero, porque México se suma a los países de la región latinoamericana que vive los embates de la pandemia: pobreza, desempleo, caída del ingreso e incremento de la pobreza y desigualdad. La mayor contracción del Producto Interno Bruto en los últimos 120 años y el peor desempeño económico entre las regiones en desarrollo según la Cepal.
Segundo, porque gracias a la tibieza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la pregunta de la Consulta resulta absurda, ambigua e inútil. Responde a un mero capricho presidencial. Se ha promocionado como la vía «para enjuiciar a expresidentes» por actos de corrupción. Pero la pregunta no dice eso, habla de «emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados» cualquier cosa que esto signifique.
Si acaso la intención fuera investigar, procesar y desmantelar redes de corrupción aún vigentes, algo indispensable para el país, los procesos judiciales podrían iniciarse sin necesidad de consulta. El ejercicio cumple con un objetivo promocional. Disfrazado de un instrumento de democracia participativa, confirma la retórica del supuesto combate a la corrupción utilizada en esta administración: responsabilizar al pasado y lapidar en la plaza pública a algún villano favorito para eludir la responsabilidad del presente.
Algunas organizaciones sociales han tratado de reencauzar la consulta insistiendo -no sin una buena dosis de fantasía- con que el resultado llevará a la creación de una Comisión de la Verdad que detonará un proceso de justicia transicional. Esta propuesta quedó enterrada en los sótanos de la Secretaría de Gobernación durante los primeros meses de Gobierno y tampoco necesita de una consulta para concretarse.
Tercero, el INE inició la organización y promoción de la consulta en los tiempos que decidió el Congreso. Sin presupuesto definido, con tiempos acotados y con el desgaste de un complejo proceso electoral recién concluido, garantizará con el profesionalismo de siempre, la instalación de poco más de 57 mil mesas receptoras. Esto equivale a apenas un tercio de las casillas albergadas en el último proceso electoral. Para que la consulta sea vinculante, se requiere la participación de poco más de 37 millones de ciudadanos una meta difícil en este contexto.
Las consultas populares, en sus diversas formas jurídicas, han ganado popularidad en América Latina por el rechazo existente al monopolio de la representación por parte de los partidos políticos. Sin embargo, su instrumentación rara vez ha servido para mejorar la calidad de la representación política, generar un debate público informado o aumentar la incidencia de la sociedad en asuntos públicos.
En cambio, han servido para legitimar posiciones partidistas o para poner a prueba la popularidad del gobierno en turno. Daniel Zovatto nos recuerda que de 1978 a 2012 se realizaron más de 50 consultas populares en América Latina. Más de la mitad sirvieron para favorecer la posición del Presidente en turno. Esta consulta no es ni ciudadana ni popular. Es simplemente un capricho presidencial de 500 millones de Pesos. Sun
