El Gobierno mexicano sustentó hoy ante la corte de Distrito de Massachusetts sus argumentos contra las armerías de Estados Unidos, a las que acusa de negligencia en la venta de armas que facilita el tráfico ilegal y la violencia armada en México.
Durante una audiencia con el juez F. Dennis Saylor, el abogado de las armerías, Andrew Leling, señaló que es absurdo argumentar que un fabricante de armas tiene que rendir cuentas por un tiroteo que ocurre en Tijuana, pero no uno en San Diego.
Asegura que la demanda mexicana es especulativa, dado que sólo 2% de las armas manufacturadas en Estados Unidos termina en México y que menos de la mitad de las armas recuperadas en suelo mexicano, usadas en delitos, vienen de Estados Unidos.
También defendió que la ley PLACA (Ley de Protección del Comercio Legal de Armas), protege a los fabricantes y comerciantes de demandas y por tanto la acusación mexicana no procede.
Las armerías acusadas son Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta USA Corp; Century International Arms, Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock, Inc.; Sturm; Ruger &Co., Inc.; y Witmer Public Safety Group, Inc.
Uno de los abogados que acompañaba al consultor jurídico mexicano, Alejandro Celorio, defendió que los fabricantes de armas saben que hay un tráfico «sistemático y repetido» de las armas que venden a las tiendas de armas en Massachusetts.
El juez cuestionó si ese alegato no implicaría que cualquier país pueda demandar a los fabricantes de armas cuando una de éstas termine siendo usada en un delito. El abogado insistió en que la clave en el caso mexicano, es que no es uno solo evento, sino una situación repetida y constante.
Sobre PLACA, subrayó que la ley en Estados Unidos señala que las cortes de este país deben «estar abiertas a demandas de soberanos extranjeros» y, por tanto, no aplica.
Acusó a los fabricantes de armas de decidir «seguir proveyendo» armas a pesar de saber en dónde terminan. «Estaba en manos de los acusados evitar el tráfico, que las armas terminaran en manos criminales».
Rechazó, como alegan los abogados de las armerías, que los traficantes de armas sean «actores independientes» por los cuales ellas no son responsables.
Defendió que sin las armas de Estados Unidos, «habría menos crímenes y menos violencia».
Lo que México pide, insistió, es sólo que los fabricantes de armas actúen «legal y razonablemente».
«No deberían proveer a quienes tienen historial de violar la ley. ¿Por qué tienen que proveer de rifles que pueden derribar helicópteros?, cuestionó.
A su turno, Celorio afirmó que el hecho de que «la mayoría de las ventas -de armas en EU- sean legales no significa que esté bien vender a sabiendas de que esas armas terminarán en manos criminales».
Los fabricantes en suelo estadounidense, se quejó, «hacen sus armas en desafío a la ley que dice que no pueden producir aquellas que fácilmente pueden hacerse automáticas».
En ese sentido, dijo, no se justifica que las armerías se deslinden diciendo que las armas que hicieron no son las mismas que usan los criminales porque ellos no fabricaron así dichas armas, sino que fueron modificadas.
El gobierno mexicano enfatizó que la demanda no es un ataque contra la Segunda Enmienda que defiende el derecho a poseer y comprar armas, o contra la industria armamentista. «Sólo queremos que los acusados hagan lo que el gobierno les ha pedido hacer: vender responsablemente armas a personas apegadas a la ley, no a criminales».
México presentó su demanda contra los fabricantes de armas en agosto pasado, señalando que las armerías saben que «sus distribuidores venden armas militares a granel, sin restricciones, claramente destinadas a traficantes», y que, al ser conscientes, también son responsables y no pueden quedar impunes.
El juez Saylor dijo que evaluará todos los argumentos, sin dar fecha para una decisión. Sun
