Carlos M. Urzúa
Profesor del Tecnológico de Monterrey
Más de una docena de muertos y desaparecidos dejó a su paso el huracán Ágatha al tocar tierra en Oaxaca el pasado 31 de Mayo. Una cuarentena de municipios ya fueron declarados por las autoridades oaxaqueñas en desastre y otra treintena en emergencia. Casi treinta mil viviendas resultaron dañadas, así como cuarenta unidades médicas y doscientas escuelas. Decenas de miles de hectáreas de cultivos, especialmente de café y de papaya, fueron afectadas. Y todo lo anterior aconteció en una de las regiones más pobres del país. Llovió sobre mojado.
La población damnificada ha manifestado su molestia por la lentitud de respuesta por parte del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal. Fiel a su vocación clientelar, la administración discurrió hacer primero un censo para incorporar a los afectados en su Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural. Así pues, no es fácil conjeturar acerca del tiempo que le tomará a los dos gobiernos el resarcir a la población afectada, así como reconstruir la infraestructura pérdida.
Dada la magnitud de las pérdidas, tampoco es fácil conjeturar acerca de los recursos necesarios para concluir con éxito la citada tarea. Lo que sí se puede aseverar es que la disponibilidad de todos los recursos necesarios para tal fin no será inmediata. Se tendrán que hacer adecuaciones presupuestarias, con la posible afectación de otros programas, tanto en las cuentas federales como en las del estado de Oaxaca.
Para poder enfrentar las catástrofes naturales, imprevistas y muchas veces con requerimientos financieros que acaban siendo multianuales, se constituyó el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) a fines del siglo pasado. Este fideicomiso público era administrado por Banobras, jugando el papel del banco fiduciario, y acabó teniendo unas reglas de operación bien definidas, con un comité técnico conformado por varias dependencias y un fondo del orden del 0.4% del presupuesto (programable). Pero el Fonden llegó a su fin en 2020. Los últimos 7 mil millones de Pesos que había en esa alcancía fueron utilizados para completar el monto requerido para la compra por parte de Pemex de la refinería Deer Park en Texas.
La razón que dio el Gobierno para extinguir ese fideicomiso público, y otras decenas más, fue que esa figura legal se prestaba a corruptelas. «Ya no existe el Fonden, ya no existe la ratería», dijo por ejemplo el presidente López Obrador hace unos días en Oaxaca. Una razón alternativa dada por otros para explicar la extinción de esos fideicomisos es que el Gobierno simplemente necesitaba el dinero de esas alcancías.
Los recursos de un fideicomiso público tienden a estar más regulados que el empleo de las partidas presupuestales de las dependencias. Puede ser que haya corruptelas en el uso de algún fideicomiso público, pero nada garantiza que eso no sea también el caso cuando una entidad ejerce su presupuesto diario sin transparencia, especialmente en el caso de las asignaciones directas para compras de bienes o contratos de obra. Asignaciones que han sido muy frecuentes en esta administración.
Los fideicomisos también pueden ser privados, por cierto. El partido Morena acaba de ser autorizado por el Tribunal Electoral, tras un reclamo que hizo el INE, a tener sus ahorros en un fideicomiso privado. Aduce que quiere usarlos para sus compras futuras de inmuebles. Sun
