Pola Grijalva
Por México Hoy
La capacidad que tiene un Estado soberano para implantar las políticas de protección y de promoción de los ramos industriales más afectados por la apertura de mercados, es una discusión que se ha extendido ya por más de cuatro décadas.
Pasamos de las «ventajas comparativas» a la «apertura comercial» y a la «globalización», tratando a cada concepto como opciones excluyentes en la política económica y en la economía política. Pero es el momento de revisar a fondo, sus efectos y defectos, para corregir y reencauzar un nuevo modelo económico para México.
La adhesión de México al GATT, después OMC, llevó por lo menos doce años para hacerse realidad, y nuestro país fue el primero en la región que se sumó a un tratado de libre comercio, asociándose con economías cuyo desarrollo era mucho mayor, con grandes expectativas de modernidad y crecimiento económico, cuya derrama compensaría las pérdidas posibles, sobradamente.
Sin embargo, los Tratados de Libre Comercio (TLC) siguen recibiendo un abierto rechazo desde la sociedad civil, los sindicatos, las asociaciones de productores nacionales, etc. por el impacto que la desgravación, es decir, la reducción de los aranceles a la importación de los productos del socio comercial tiende a la pérdida de los mercados de las industrias, la agricultura y el comercio a nivel nacional.
Por parte de quienes impulsan los TLC se promueve que son los instrumentos idóneos para lograr mayor competitividad, tanto en el mercado doméstico como en los mercados internacionales y por tanto, motores de crecimiento y de atracción de la IED.
Sin embargo, es claro, que la receta debe complementarse con programas, políticas sectoriales y toda clase de incentivos y financiamiento altamente competitivo, para que la industria mexicana incorpore tecnología a sus procesos y con ello se fomente la integración de cadenas productivas locales a las cadenas de proveeduría globales.
Recuerdo con claridad las discusiones acaloradas en 1993 y 94 con mis colegas, cuando esgrimían que la desgravación de los granos básicos nos llevaría a importar maíz, frijol, trigo, arroz, etc de los mercados donde éstos son mucho más baratos, para «beneficiarnos» de estos productos al mantener el precio interno bajo control, lo cual acabaría con la inflación y con ello se sostendría la capacidad remuneradora del salario mínimo.
Esta visión se impuso y hoy recogemos los efectos nefastos de esta política completamente equivocada en la que México dejó de ser autosuficiente en la producción de granos básicos, aumentando su vulnerabilidad en términos de la seguridad del abasto, pero también en la depauperización del campo, la expulsión de los trabajadores rurales de sus comunidades, la devastación del suelo, bosques y agua y los efectos en la salud de todos al consumir granos transgénicos y de baja calidad nutricional.
Solo una parte de la industria nacional sobrevive precariamente y se incorporó a estos mercados con tremenda desventaja, muchos se convirtieron en importadores-comercializadores, pero…. Sí había y hay una alternativa.
En vez de utilizar en exceso un recurso como la imposición de cuotas anti-dumping, debió haberse calibrado bien su monto y sus posibles efectos, para una protección efectiva. Paralelamente debió haberse incentivado la inversión, la productividad y la mayor competitividad, ramo por ramo, industria por industria y región por región, a través una política perfectamente coherente de desarrollo industrial y agrícola de alcance nacional.
Si es posible, aprendamos de las experiencias de países que tienen altos niveles de vida y de productividad, aprendamos de quienes han abatido la pobreza y acabado con el hambre y la postración, aprendamos de los éxitos que México ha tenido en los mercados de Norteamérica y del mundo y veamos nuestra imagen en el espejo de América Latina, para una mayor colaboración en la creación de UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO. Es claro que sí sabemos cómo lograrlo. Sun
