Eduardo Backhoff*
Recientemente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó el informe titulado Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educción 2024, en el que describe con lujo de detalle el estado que guarda México al respecto.
El informe contiene casi 300 páginas y se divide en cuatro capítulos: 1) Metodología para la medición del derecho a la educación, 2) Diagnóstico del derecho a la educación 2023, 3) Brechas de desigualdad en el ejercicio del derecho a la educación y 4) Retos para la garantía del derecho a la educación en México.
La información que se reporta en este estudio está ampliamente documentada en publicaciones científicas y en diversos informes nacionales e internacionales, entre otros, de: el INEGI, la SEP, el INEE, la MEJOREDU, la OCDE, la UNESCO y la UNICEF.
Conocer el cumplimiento del derecho a la educación de los niños y jóvenes mexicanos es muy relevante, toda vez que éste se considera un derecho «bisagra», que permite a las personas hacer valer otros derechos humanos, como: la salud, la alimentación, la vivienda digna, el trabajo, la seguridad y la no discriminación.
Hacer efectivo el derecho a la educación, especialmente, es de suma importancia para las personas que se encuentran en condiciones de pobreza extrema y que, por ello, quedan excluidos de los beneficios sociales y de las libertades fundamentales; condición que les impide desarrollar su potencial humano y el disfrute de ser miembro de una comunidad.
El marco analítico del derecho a la educación del Coneval se centra en tres grandes aspectos de los servicios educativos: disponibilidad, accesibilidad y calidad.
La disponibilidad considera los siguientes elementos: instituciones (tipo de servicios educativos), infraestructura (condiciones físicas), personal (suficiencia y disponibilidad), planes y programas (directrices y contenidos estandarizados) y materiales (disponibilidad de libros de texto y otros materiales).
La accesibilidad enfatiza: las características físicas y del entorno y la accesibilidad económica de los servicios.
Finalmente, el rubro de calidad se centra en: la calidad de los medios físicos (planteles, mobiliario), habilidades profesionales de los docentes, calidad de los procesos (gestión, organización, prácticas docentes), aprovechamiento (aprendizaje) y relevancia (conocimientos pertinentes).
Los resultados del estudio muestran que el Estado está muy lejos de garantizar a todos los mexicanos el derecho a una educación de calidad, independientemente de su condición sociocultural. Basta con revisar dos grandes indicadores: la cobertura educativa y la infraestructura escolar.
En 2022, la población en edad escolar (de 0 a 24 años) era de 52.1 millones (40.4% de la población total). De esta población, 35.3 millones estaban matriculados; es decir, 67.7% o dos terceras partes. Por grupos de edad y nivel educativo, el SEN atiende al: 20.4% en educación inicial (0 a 2 años), 75.4% en preescolar (3 a 5 años), 98.5% en primaria (6 a 11 años), 91.2% en secundaria (12 a 14 años), 79.4% en bachillerato (15 a 17 años) y 34.9% en educación superior (18 a 24 años).
En cuanto a la infraestructura escolar, el informe señala que las escuelas públicas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) carecen de: electricidad (10.0%), agua potable (24.3%), lavamanos (20.6%) y sanitarios (4.2%). En el nivel de bachillerato, las carencias son, respectivamente, de: 15.5%, 28.5%, 22.7% y 7.9%.
Respecto al mobiliario básico de las escuelas -donde los alumnos pueden sentarse y apoyarse, y se cuente con un pizarrón- el informe muestra que 19% de las escuelas públicas de preescolar carece de dicho mobiliario, 20% de las primarias y 23% de las secundarias. Asimismo, aproximadamente 1 de 5 escuelas en educación básica carecen de sillas o escritorios para los docentes. El tamaño de estas carencias se puede dimensionar mejor si tomamos en cuenta que en el país existen cerca de 230 mil escuelas de educación básica y 21 mil planteles de bachillerato.
El Estudio diagnóstico del derecho a la educación de Coneval es un buen ejemplo de la importancia que tienen los organismos autónomos, para informar a las autoridades gubernamentales y rendir cuentas a la sociedad -con evidencias sólidas y datos duros-, sobre los distintos puntos neurálgicos de la vida de un país, como es el caso de su sistema educativo. Sun
*Presidente de Métrica Educativa, A.C.
