Jorge G. Castañeda
Resulta lógico que, de todas las decisiones adoptadas por Donald Trump en sus primeros días de gobierno, los mexicanos nos interesamos primordialmente por las que afectan a nuestro país. En las líneas que siguen haré lo que todos: tratar de entender lo que significan las medidas anunciadas por Trump en materia migratoria, de seguridad (cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales: FTO, por sus siglas en inglés) y aranceles. Pero este proceder comprensible no debe cegarnos ante una de las características más pronunciadas y graves de Trump 2.0. Se trata, en su conjunto, de uno de los gobiernos más conservadores, o de extrema derecha, que hemos visto en Estados Unidos. Estado de derecho, libertades públicas, derechos humanos, políticas públicas de apoyo a minorías secularmente discriminadas, tradiciones humanitarias y jurídicas: este es el Trump más peligroso, salvo para los que concuerdan con esa filosofía.
Escribí aquí hace un par de semanas, cuando ya era evidente la inminencia de la medida, que la clasificación de los cárteles como FTO no constituía la peor de las consecuencias de la llegada de Trump a la Casa Blanca. No encierra connotaciones extraterritoriales explícitas o directas; no faculta al ejecutivo norteamericano para realizar acciones que no efectúa ya; su alcance es principalmente interno, y simbólico.
El asunto migratorio es mucho más complejo. Involucra a distintos grupos de personas, que viven situaciones diferentes, y que requieren de respuestas múltiples de las autoridades mexicanas. Por un lado, se encuentran los extranjeros ya presentes en México, o que llegarán en los próximos días, semanas o meses, y que ya solo podrán ingresar a Estados Unidos entre puntos fronterizos y sin papeles.
El gobierno de México deberá decidir si los regulariza o los deporta a sus países de origen. En el caso de deportaciones, deberá resolver si le exige recursos a Estados Unidos para vuelos, transporte interno, o sigue siendo muy macho y se niega a recibir fondos norteamericanos directamente (no a través de ACNUR o la OIM).
En el caso de los deportados no-mexicanos que Trump buscará enviar a México, se enfrenta otra disyuntiva: recibirlos o rechazarlos. Es altamente probable que al igual que Peña Nieto y López Obrador, Sheinbaum no se halle en situación de negarse a admitirlos.
La situación de los mexicanos deportados es más sencilla, aunque no menos desgarradora. Huelga decir que serán recibidos, bien tratados por unos, extorsionados y estafados por otros, con familias separadas, con derechos y orgullo violentados en EU, y con pocas esperanzas de volver a lo que ha sido su casa hace más de 20 años.
Los aranceles pertenecen aún al ámbito de lo desconocido. Pero sabemos algo. Será el primero de febrero cuando Trump decida si impone un arancel universal a todas las importaciones norteamericanas, un arancel de 10% adicional a los ya existentes a importaciones procedentes de China, y un arancel de 25% a todos o algunos productos exportados por México y Canadá.
Hay mucho más. La reinterpretación de la Enmienda 14 de la constitución de Estados Unidos basada en el jus soli le restaría la nacionalidad norteamericana a cientos de miles de madres mexicanas que paren allá, sobre todo en la franja fronteriza. La cancelación del humanitarian parole, que a partir de finales de 2022 permitió el ingreso de casi 750 mil cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, los encajona en un limbo jurídico que muy probablemente desemboque en su deportación. Y falta ver si se mantiene el Temporary Protected Status (TPS) para más de un millón de centroamericanos, venezolanos, ucranianos y afganos. En fin, como escribió López Dóriga, «¿No que no?». Sun
