Terroristas Mexicanos
Alberto Capella
Como si se tratara de una celebración por sus primeros 30 días en la Casa Blanca, el gobierno del presidente Trump publicó el 20 de febrero la designación de seis cárteles del narcotráfico mexicano como Organizaciones Terroristas Extranjeras (Foreign Terrorist Organizations o FTO, por sus siglas en inglés).
En México, pocos han dimensionado el impacto y las consecuencias de esta histórica decisión en la relación bilateral con Estados Unidos. Desde aspectos legales que la Unión Americana aplicará de manera unilateral, pasando por la posible intervención de fuerzas militares y policiales en territorio mexicano, hasta el incremento de tensiones diplomáticas, complicaciones en temas migratorios y, sobre todo, severas repercusiones económicas y financieras.
¿Alguien podría responder con certeza qué porcentaje de la economía sinaloense ha sido influenciado por dinero del narcotráfico en los últimos 40 años? ¿O cuánto dinero ilícito ha financiado campañas políticas en estados como Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco y muchos otros? ¿Cuántas empresas agrícolas, ganaderas o mineras han pagado las llamadas «cuotas de derecho de piso» para operar sin represalias? ¿Cuánto dinero del narcotráfico ha sido invertido en el desarrollo de destinos turísticos en México?
Todos aquellos que de alguna manera se han beneficiado de estos recursos, directa o indirectamente, podrían ser considerados cómplices de las Foreign Terrorist Organizations.
El impacto económico para México podría ser devastador. La percepción de riesgo entre inversionistas extranjeros ya se expande con rapidez, pues el más mínimo error de criterio de un colaborador podría acarrear graves consecuencias legales y enormes costos financieros si una empresa se ve involucrada, incluso indirectamente, con estos grupos.
Basta analizar el caso de Chiquita Brands International en Colombia: en 1995, un ejecutivo de la empresa accedió a pagar una extorsión impuesta por grupos paramilitares. Treinta años después, la compañía sigue enfrentando consecuencias económicas y legales derivadas de aquel error de cálculo.
Se avecinan tiempos de estrés y tensión, especialmente para personajes públicos que han sido vinculados con el crimen organizado. Entre ellos, algunos gobernadores y exgobernantes, como el futbolista-actual político de Morelos, el mandatario de Sinaloa y una larga lista de figuras que, bajo la protección de su partido, creyeron que sus ilegalidades, desfalcos, abusos de poder y alianzas criminales quedarían en el olvido.
Hoy, estos personajes enfrentan insomnio permanente e incertidumbre. Cruzar a Estados Unidos será una preocupación constante, pues el riesgo de ser expuestos como parte de la estrategia mediática estadounidense contra la impunidad será una amenaza latente.
La caída del Cártel de Sinaloa parece inminente. Como consecuencia, el Cártel de Jalisco asumirá un rol prioritario en la agenda de seguridad estadounidense. Luego vendrán por el del Noroeste, después por el del Golfo, seguirán con los Cárteles Unidos y concluirán con la Familia Michoacana.
No hay duda de que las operaciones bilaterales serán exitosas. Nadie puede hacer frente a ese inmenso poder institucional. Sin embargo, si Estados Unidos no combate simultáneamente el multimillonario mercado de consumo de drogas dentro de su propio territorio, así como el creciente mercado en México y Europa, los otros 169 grupos criminales que operan en el país acabarán por ocupar los espacios dejados por los seis cárteles recientemente designados como terroristas. Sun
