Por Ernesto L. Quinteros
Presidentes Municipales en la Mira de las Autoridades Estatales por Omitir Decreto
Algunos alcaldes de Chiapas se encuentran en la mira de las autoridades estatales por organizar carreras de caballos y palenques como si el decreto estatal que especifica que están prohibidas solo fue un simple aviso sin fundamento legal.
Como suele suceder en nuestro querido México, los ediles andan distraídos entre la banda, la feria y el baile popular, por eso ya les avisaron que la suspensión de carreras y peleas de gallos sigue más vigente que nunca.
El decreto emitido por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar —publicado con número 0089-A-2025— no es por gusto o capricho. Es una disposición oficial que suspende estos espectáculos por razones de seguridad pública y bienestar animal. Pero parece que en algunos municipios lo leyeron como quien hojea el programa de la feria: rápido y sin poner atención a las letras chiquitas.
Y es que el argumento conocido por algunos ediles es: “Son tradiciones del pueblo”. Claro, pero en la actualidad vivimos tiempos violentos. El problema no es la tradición, sino lo que suele venir con ella: apuestas clandestinas, dinero de dudosa procedencia y, según han señalado las propias autoridades, la presencia de personajes que no precisamente van a rezar el rosario.
Por eso no fue casualidad que la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas enviara el pasado 7 de febrero un amable —pero firme— recordatorio a presidentas y presidentes municipales: la prohibición sigue vigente. Y no cumplirla, aunque sea “por omisión”, puede traer consecuencias jurídicas. Traducido al castellano coloquial: no digan luego que nadie les avisó.
Porque aquí viene lo interesante. El decreto no solo apela a la seguridad pública —con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos— sino también al bienestar animal y al derecho a un medio ambiente sano. Es decir, el caballo ya no solo corre ahora también tiene derechos. Y el gallo, aunque no cante victoria, tampoco debería cantar su última pelea por entretenimiento.
Algunos alcaldes, seducidos por la presión de comités de feria y promotores de “espectáculos”, han decidido hacerse los valientes. Pero ojo, desde “las altas esferas de poder” se comenta que ciertos ediles están en la mira, no se trata de un rumor de café; es más bien un aviso a tiempo.
El detalle político es por todos conocido. Los ayuntamientos no pueden lavarse las manos como Poncio Pilatos versión tropical. El decreto exhorta claramente a que asuman su responsabilidad. Y si algo queda claro en estos tiempos es que la omisión también cuenta. No hacer nada cuando se debe actuar, en derecho, también tiene nombre y apellido.
Hay que decirlo, cuando algunos alcaldes no pueden con algún tema de seguridad apelan a la coordinación con la federación y el estado. Pero cuando no les conviene a sus intereses la presencia federal o estatal, rezan el 115 constitucional, apelando a la autonomía municipal.
Es lamentable que en algunos municipios el libreto parece repetirse: feria patronal, cartelera atractiva, caballo ensillado y gallo afilado. Pero ahora con un ingrediente extra: la posibilidad de que la fiesta termine en expediente administrativo.
La pregunta no es si las tradiciones deben evolucionar —eso ya lo está resolviendo la ley—algunos presidentes municipales no entienden que gobernar implica algo más que cortar listones. Implica también cumplir y hacer cumplir disposiciones, aunque no sean populares entre ciertos grupos.
En el fondo, la medida estatal manda un mensaje claro: la seguridad y la paz pública pesan más que cualquier apuesta bajo la mesa. Y si el Consejo Estatal de Seguridad Pública no ha levantado la suspensión es porque las condiciones aún no lo permiten.
Porque una cosa es querer mantener vivas las tradiciones… y otra muy distinta es querer correr más rápido que el decreto. El aviso es a tiempo.
Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!
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