jueves, marzo 28, 2024
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Cae Jueza que Dejó en Libertad al Asesino de Viridians

* El Feminicida se Encuentra Prófugo.

*Mientras que el feminicida sigue en libertad en alguna parte del mundo

Tapachula, Chiapas; 1 de Junio de 2019.- La Fiscalía General del Estado (FGE), detuvo en las últimas horas a quien fuera Juez en Chiapas hasta finales del año pasado, Isabel “N”, porque se le acusa de haber dejado en libertad al señalado como culpable del artero feminicidio en contra de Viridians Flores Ramírez.
Su detención, realizada a través de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, fue en cumplimiento de una orden de aprehensión liberada por el delito de “Contra la Administración de Justicia”.
De acuerdo a un informe de la propia Fiscalía, todo es derivado de la causa penal 58/19. del índice del Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas.
Allá, el Juez de Control estimó que existían datos de prueba suficientes para establecer que la otrora servidora pública, había incurrido en la hipótesis de dictar, a sabiendas, una sentencia definitiva contraria a las actuaciones seguidas en el juicio, prevista en el artículo 422 fracción I, del Código Penal del Estado.
“Con un criterio contrario a las pruebas que obran en la causa penal, la exjueza dictó sentencia absolutoria a favor de Omar Fernando “N”, hoy sentenciado por ser asesino confeso de quien en vida respondiera al nombre de Viridians Flores Ramírez”, detalló la dependencia.
La Exjueza ya fue presentada ante el órgano jurisdiccional, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 16 Constitucional.
Horas antes de haber sido suspendida del cargo, había girado una orden de liberación al presunto feminicida, de quien se desconoce su paradero.
Pero, el 21 de Marzo de este año, la Sala Regional Mixta del Poder Judicial, resolvió el Recurso de Apelación presentado contra la Sentencia Absolutoria de Fernando, con lo que se giró una nueva orden de aprehensión en su contra
La Historia de lo Ocurrido.
El caso estremeció a Chiapas. Viridians y su pareja tenían ocho años de noviazgo y procrearon un niño, nacido en Diciembre del 2012. A pesar de que ya había dado por concluida su relación, se miraban de vez en cuando para tratar lo relacionado con su hijo.
De acuerdo al expediente penal que se abrió en torno a lo ocurrido, en aquel fatídico 8 de Junio del 2013, ambos se encontraron en la habitación No. 23 del hotel “El Buen Samaritano”, ubicado en San Cristóbal de Las Casas, en donde supuestamente discutieron hasta que Fernando la asesinó con un arma blanca.
Después envolvería el cuerpo de la joven con unas cobijas y lo llevaría en una camioneta X-Trail, color gris, al puente San Cristóbal, donde decidió tirar el cadáver.
Al no regresar a su domicilio, los familiares de Viridians decidieron reportarla como desaparecida ante las autoridades.
La situación se volvió trágica cuando un amigo del inculpado, un tal Rudy “N”, de 22 años de edad, confesó haberlo ayudado a sacar y tirar el cuerpo de la joven, aunque tiempo después se retractaría.
Las autoridades judiciales dirían después que el acusado huyó y fue capturado en un hotel de paso ubicado al sur de Tapachula, el 18 de Junio del 2013, donde supuestamente trató de suicidarse al ver a los uniformados que iban a detenerlo.
Tras su detención, Fernando fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 14, “El Amate”, en donde le fue dictado el auto de formal prisión.
La Fiscalía, por su parte, informaría que había la confesión del homicida y la de su cómplice, así como una supuesta carta, que en global evidenciaban a Fernando como probable responsable del crimen.
En el 2014, los familiares de la occisa habían advertido que el Juez penal que llevaba el caso en ese entonces, supuestamente había dilatado la sentencia condenatoria en contra del responsable del crimen y, por eso, había ya la sospecha de corrupción y tráfico de influencias.
El tema se volvió indignante. A petición de los abogados defensores del acusado, el Juez ordenó la reconstrucción del crimen en aquel mediodía del lunes 1 de Septiembre del 2014.
Aunque parezca increíble, sobre todo para aquellos que utilizan las herramientas de la ciencia para esclarecer los crímenes, fuentes extraoficiales informaron que las autoridades pretendían sacrificar un cerdo y provocarle las mismas heridas que sufrió la joven y después arrojarlo al puente San Cristóbal para esperar el proceso de descomposición por cuatro días.
Lo del cerdo era, sin duda, un daño moral a los familiares, aunque también se temía que el Juez estaba buscando acciones para tener pruebas a favor del detenido y con ello dejar sin efecto la posible sentencia en su contra.
La sociedad reprochó nuevamente el curso de las investigaciones y se recordó que nunca, al menos en el Estado de Chiapas, se había propuesto realizar un peritaje de ese tipo que, dijeron, atentaba no sólo contra los derechos humanos de la familia, sino contra los de toda la sociedad.
El descrédito de los chiapanecos no era para menos. Por lo mismo, el Juez Penal que llevaba el caso, decidió cancelar el uso del cerdo para la reconstrucción de los hechos.
Vino un largo periodo de desahogo de las pruebas, donde la historia señala que los defensores del acusado fueron perdiendo los amparos.
Sin embargo, en Octubre del 2017, el Juez Quinto concedió un amparo de excarcelación al feminicida, hoy de 26 años de edad, por presentar supuestos problemas gastrointestinales y con el nervio ciático.
Ambos padecimientos podrían haber sido atendidos a interior del penal, pero la defensa del inculpado argumentó que no había medicamentos en el centro penitenciario, por lo que Fernando pasó internado poco más de dos meses en el Sanatorio Rojas, en Tuxtla Gutiérrez, pero fue regresado al penal.

La Postura del Consejo de la Judicatura.
Sobre ese escabroso juicio que causó el malestar de la sociedad, el Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas informó que, desde el 31 de Octubre del año pasado, había sido suspendida de sus funciones la juez Isabel “N”, por la resolución absolutoria a favor de Fernando “N”.
A nombre de la Judicatura, María Itzel Ballinas Barbosa, Secretaria Ejecutiva del Consejo, difundió la postura del Poder Judicial del Estado en torno a la Causa Penal 18/2018, relacionada al caso.
Dijo que la Juez, del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, dictó sentencia absolutoria para dejar en libertad al inculpado.
Las y los juzgadores, por disposición de ley, son autónomos en sus resoluciones, y, por ende, no tienen obligación de consultar con nadie sus determinaciones.
“Ni los magistrados, ni los consejeros, ni el presidente del Poder Judicial están facultados legalmente para instruirlos para que se pronuncien en determinado sentido”, apuntó.
Además, que el Consejo de la Judicatura es un órgano encargado, entre otros, de la vigilancia y disciplina del personal al servicio del Poder Judicial del Estado.
“Por lo cual, ante los hechos y conforme a lo dispuesto en la normativa, ordenó de inmediato una investigación, instruyendo a la Coordinación de Visitaduría, conformada por un grupo de magistrados expertos dedicados a revisar el debido proceso y a realizar una visita extraordinaria a ese juzgado de la Causa Penal”, agregó.
Como resultado preliminar de esa visita, según la Secretaria, se determinó de que existían elementos suficientes para suspender en sus funciones -en los términos que marca la ley- a la Juez, así como a quien fuera la Secretaria de Acuerdos y a la Actuaria de ese órgano jurisdiccional.
Esto, por su probable responsabilidad en la que pudieran haber incurrido en el desempeño de sus funciones, “toda vez que se advierte indicios de actitudes extrañas e inusitadas, entre otras anomalías por parte de esas funcionarias, que se hicieron constar en el acta respectiva…”.
También se determinó iniciar inmediatamente un procedimiento en contra de esas tres servidoras públicas, para determinar el grado de responsabilidad que pudieran tener, para la suspensión definitiva de los cargos y la intervención del Ministerio Público para que procediera conforme a sus atribuciones. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

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