* ENTRE LOS CASOS MÁS SONADOS ESTÁN LAS DENUNCIAS CONTRA EMPLEADOS MUNICIPALES, LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA, LA FALSIFICACIÓN DE FIRMAS DE MIEMBROS DEL CABILDO, ASÍ COMO LA INTOXICACIÓN DE POLICÍAS POR INGERIR COMIDA DESCOMPUESTA, ENTRE OTROS.
Tapachula, Chiapas; 4 de Agosto.- La imagen de la Cuarta Transformación que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en torno a la austeridad económica, la transparencia en el uso del erario y el combate a la corrupción, está siendo denigrada por el Ayuntamiento de Tapachula.
A diez meses de haber asumido el cargo de alcalde, Oscar Gurría Penagos y sus colaboradores se han visto envueltos en una serie de escándalos que dejan en entredicho la filosofía que llevó al poder al mandatario nacional y, por efecto dominó, a lo ocurrido en el resto del país.
Desde el principio se alertó sobre el nepotismo con el que se estaba armando el actual cuerpo de Gobierno en Tapachula; cabizbajos, casi de rodillas, miembros del Cabildo fueron sumisos al aceptar esa y otras arbitrariedades que se han cometido durante todo este tiempo.
Por ejemplo, la gran mayoría de ellos guardó silencio en la falsificación de firmas que hubo en los libros de sus sesiones para permitir componendas, como las que tanto criticaron de la “mafia del poder” y que ahora han hecho suyas para hacer lo mismo o peor que antes.
Hubo demanda penal por ello e, incluso, los Peritos especializados en la materia corroboraron el dolo con el que se actuó para la falsificación de los documentos desde lo más íntimo del Cabildo de Tapachula.
Las investigaciones judiciales en torno a ello quedaron congeladas, así como se hacía en sexenios anteriores, donde hubo impunidad y cualquiera estaba por encima de la ley.
También quedaron engavetados otros asuntos penales relacionados a los yerros del Ayuntamiento y a sus funcionarios provisionales.
Por ejemplo, no se hizo nada por las demandas penales que interpusieron un grupo de humiles canasteras en contra de funcionarios de primer nivel del actual Gobierno Municipal por fraude, falsificación de documentos y otros delitos, a pesar de que, nuevamente, el peritaje confirmó esas anomalías.
Ante la falta de aplicación de la justicia en Tapachula, las víctimas tuvieron que encabezar por mucho tiempo un plantón en la entrada del Palacio Municipal y, al menos, tres huelgas de hambre. Los problemas de salud derivado de esas manifestaciones las llevó a desistir, por un tiempo, para recobrarse.
Después vino la intoxicación de decenas de policías municipales por consumir comida en mal estado de una empresa recién contratada, en la que supuestamente, se beneficiaban funcionarios o sus familiares y, tampoco pasó nada.
Mientras tanto, la administración municipal utilizó la fuerza pública, los policías pues, para someter a golpes a comerciantes ambulantes, a recolectores de basura, a manifestantes, a sectores de la sociedad, como nunca antes ha ocurrido en la historia de Tapachula.
A falta de obras y de cómo comprobar el destino de los recursos, el Alcalde y el grupo que lo sigue como si se tratara de un mesías, se la han pasado inaugurando infraestructuras de administraciones pasadas, como lo hizo con las casetas de policías o, esta semana, con el Antiguo Palacio que ahora llaman Museo de Tapachula.
Uno de los últimos escándalos fue el de haber privatizado la recolección de los residuos sólidos de la ciudad a una empresa que, según conocedores del tema, le dejará ganancias por alrededor de 112 millones de Pesos, o sea, unos 5.8 millones de Dólares.
Se desconoce si parte de ese dinero será distribuido entre los miembros del Cabildo o solamente entre las tres o cuatro personas que firmaron el contrato SA/GC/CS/183/2019, en el que se establece que la empresa beneficiada es Adamed S.A., de C.V, supuestamente con sede en Querétaro.
De esa manera, el pueblo de Tapachula tendrá que desembolsar mensualmente casi 120 mil Pesos por cada uno de los 30 camiones rentados para la recolección de los residuos, es decir, poco más de 3.5 millones de Pesos que, con el IVA, supera los cuatro millones.
De acuerdo a las páginas de algunas compañías que venden vehículos compactadores de basura, último modelo, con esa cantidad de dinero se podría comprar hasta tres unidades cada mes, dependiendo la capacidad.
Se cree que, independientemente de los miembros del Cabildo, algunos Diputados locales y legisladores federales podrían estar inmiscuidos en ese y en otras irregularidades que están ocurriendo en el Ayuntamiento de Tapachula.
Como no hay castigo, varios de los actuales funcionarios municipales ya están más preocupados por tratar de colarse en las próximas elecciones locales que, por cierto, serán en menos de dos años. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello
