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Transporte Paraliza Unidades de Pasaje en Tapachula y Cacahoatán por Amenazas y Ataque de Extorsionadores

Transportistas y Población en General de Cacahoatán Hicieron el Llamado a las Autoridades Para que Investiguen y Desintegren a las Bandas de Extorsionadores que Operan en los Municipios de la Costa y Soconusco.

* DELINCUENTES ARMADOS ATRACAN A CHOFERES DE COLECTIVAS Y PASAJEROS, EXIGIÉNDOLES EL “COBRO DE PISO” SEMANAL, SIN QUE NINGUNA AUTORIDAD SE LOS IMPIDA.

Tapachula, Chiapas; 06 de diciembre del 2022.- Alrededor de 500 unidades de la Sociedad Cooperativa Unión y Progreso y de otras que se solidarizaron, paralizaron este martes sus actividades luego de que un grupo arado se presentó a la terminal de transporte en el municipio de Cacahoatán, encañonó a choferes y les dijeron que a partir de ahora tendrán que pagar el «cobro de piso», y que solo por esta vez les perdonarían la vida si no acceden a la extorsión.
Una de las versiones señala que los hampones llegaron cubiertos de las caras para desbalijar a los usuarios que en esos momentos se encontraban en el lugar para trasladarse a otros municipios.

Transporte Paraliza Unidades de Pasaje en Tapachula y
Cacahoatán por Amenazas y Ataque de Extorsionadores
Mientras que otro de ese grupo delictivo advertía que se trataba de un «cobro de piso», es decir, el pago de una extorsión semanal por unidad para que puedan trabajar, ya que de lo contrario matarán a los choferes o a sus familiares.
Uno de los transportistas confirmó que les pusieron las pistolas en la cabeza a los choferes a la hora de advertirles que tienen que hacer esas «donaciones».
Los afligidos conductores dieron parte los concesionarios y directivos de esa empresa, por que se determinó suspender el servicio, porque no había las mínimas garantías de que no cumplan con sus amenazas.
Fernando , en voz de un grupo de agraviados, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que es un problema de inseguridad que ya afecta a toda la sociedad y que en sexenios pasados no existía ese delito, o al menos en la región.. Lamentó que el crimen organizado ya haya rebasado la capacidad de las autoridades y que por ello es urgente que se combate esa situación, sobre todo en los municipios de Cacahoatán, Matapa, Tapachula y los circunvecinos.
Confirmó que ese sector está convocando a una asamblea general para analizar la problemática y tomar los acuerdos sobre las acciones a seguir.
Apenas hace un par de meses, los choferes de miles de unidades del transporte público de al menos 19 municipios de la Costa y Sierra de Chiapas paralizaron también sus actividades en protesta porque durante casi dos años han sido objeto de esas extorsiones semanales.
Los trabajadores del volante que se han opuesto a ese delito, han sido asesinados a balazos, incluso delante de sus propios compañeros.
Transporte Paraliza Unidades de Pasaje en Tapachula y
Cacahoatán por Amenazas y Ataque de Extorsionadores
Durante todo este tiempo ha habido infinidad de reuniones entre los concesionarios, representantes de cooperativas y las autoridades, pero todo ha concluido con la firma de minutas y promesas, pero todo queda en actos de buena voluntad.
Según la denuncia de las víctimas, las amenazas de muerte son todos los días y ha provocado que la problemática en la región haya ido en aumento. Lo peor es que no hay detenidos. Ante esa dramática impunidad, el «cobro de piso» se ha ido esparciendo muy rápido -como un cáncer- a otros sectores de la sociedad, ahora hacia comerciantes, prestadores de servicios y profesionistas.
Algunos choferes que viven con la zozobra de que este día pueden ser asesinados, han tenido que pedir a los patrones que reduzcan a la mitad los pagos de la cuenta del día, para que el resto del dinero se lo entreguen a la delincuencia organizada.
Otros, de plano, decidieron paralizar sus vehículos de manera permanente, porque los choferes señalan que no les queda ni para comprar un plato de comida y solo están trabajando para los extorsionadores.
Por si fuera poco, al menos 20 empresarios de la región han sido objeto de la misma situación, pero temen acudir a las autoridades porque los pudieran matar o a los integrantes de sus familias.
Este no es un hecho aislado o inédito. Apenas en la mañana del 24 de junio de este año, decenas de unidades del transporte urbano colectivo paralizaron también sus actividades en protesta por las extorsiones a las que estaban siendo sometidos y por las amenazas de muerte si no acceden a ello.
Los choferes de las unidades que conforman la ruta «Cafetales», decidieron ese día hacer un plantón en la explanada externa de las oficinas judiciales para presentar sus denuncias. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

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