*Busca Quitar Estatus de Refugiados a 600 Migrantes.
Desde febrero de 2025, el gobierno de Donald Trump suma cada mes más deportaciones y detenciones en su avanzada: pasó de 11,500 personas removidas en enero a 19,558 hasta finales de mayo de 2025, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Pero esa no es la única cifra que puede crecer. Con sus políticas, también provocará el crecimiento de la población indocumentada al dejar sin estatus al menos a 600,000 personas que han vivido legalmente en Estados Unidos durante al menos dos años.
Con órdenes ejecutivas, en tribunales o hasta en la Corte Suprema. El gobierno y sus abogados argumentan —sin haber convencido a todos los jueces— sobre el supuesto daño que causan a EEUU beneficios migratorios como los Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y haitianos, o el ‘parole’ humanitario CHNV, que protege por dos años —desde su llegada a EEUU— a ciudadanos procedentes de esos países pero también de Cuba y Nicaragua. Casi todas, naciones convulsionadas por las crisis políticas, económicas y sociales creadas por sus gobiernos.
Entre los beneficiarios del TPS de Haití y Venezuela suman casi 600,000 personas, según una estimación de Univision Noticias. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que más 530,000 personas fueron beneficiarios del ‘parole’ CHNV hasta el 30 de mayo de 2025. Sin embargo, muchos de ellos ya han optado por otros estatus. En ambos casos, se trata de inmigrantes que han vivido en Estados Unidos con un estatus migratorio temporal aprobado tras ser expuestos a estrictos chequeos biométricos y de seguridad por parte de las autoridades.
Es decir, el gobierno de Trump tiene pleno conocimiento sobre sus datos: de la dirección de sus casas y trabajos, sus antecedentes criminales y hasta de la información detallada de sus casos migratorios, pues ellos mismos los aprobaron. En el caso de los beneficiarios del ‘parole’ CHNV incluso tienen la información de los familiares o conocidos que les sirvieron como patrocinadores.
Por eso es que beneficiarios del TPS, como la venezolana Liskart Yepes, se sienten aterrados al pensar que pueden perder el beneficio que le ha permitido estudiar, trabajar e incluso tener su empresa propia como paralegal para ayudar a otros inmigrantes. Como muchos en su condición, aseguró en una entrevista con Univision Noticias, no entiende por qué dejarán sin esta protección a personas como ella, que contribuyen con la economía del país: «Si lo quitan, quedaré desamparada al 100%».
