Tapachula, Chiapas; 5 de Agosto.- Los mexicanos pagan anualmente unos mil 850 millones de Pesos, es decir, alrededor de cinco millones de Pesos diarios, a particulares, por la manutención de reos de los ocho Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO), en manos de empresas privadas, incluyendo al que está ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán.
Ese gasto representa alrededor del 80 por ciento del presupuesto del Sistema Penitenciario Federal en México. El otro 20 por ciento de ese recurso es para administrar las otras 13 prisiones en manos del Gobierno.
Esa privatización realizada en el sexenio de Calderón, cuyas obras fueron inauguradas en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, contradicen abiertamente a lo que establece la filosofía de austeridad y combate a la corrupción impulsada por la actual administración federal.
Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en la región, José Antonio Toriello Elorza, dijo que es una ironía también que se hayan destinado todos esos recursos para la construcción y la manutención del penal de Villa Comaltitlán.
Esto, porque Chiapas es el Estado más pobre del país que, con ese dinero, hubiera resuelto gran parte de sus problemas en desnutrición, analfabetismo, miseria y marginación, cuyos índices mantiene a la Entidad en los primeros lugares a nivel nacional.
Por eso dijo que el Gobierno Federal debe actuar conforme a las actuales políticas públicas y cancelar, de alguna forma u otra, esos contratos que benefician a acaudalados empresarios, pero a costillas del pueblo, además de la incoherencia de privatizar los penales.
El rescatar esos recursos, dijo, permitiría no solamente un ahorro diario de varios millones de Pesos, sino que también abriría la oportunidad de hacer inversiones en la infraestructura necesaria para atraer inversiones nacionales e internacionales y general los empleos que tanto se requieren. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello
