* Las Instituciones no Cuentan con Certeza Jurídica.
Tapachula, Chiapas; 29 de Junio de 2025.- Directivos escolares de la región y miembros de la comunidad educativa han manifestado su preocupación ante las dificultades para regularizar los terrenos donde se ubican las escuelas públicas. La causa principal radica en inconsistencias entre las cédulas de funcionamiento y los documentos oficiales de las instituciones, lo que ha generado una creciente incertidumbre.
Actualmente este proceso recae exclusivamente en los Directores y los padres de familia, sin apoyo directo de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En muchos casos, esto implica iniciar juicios para corregir errores legales, con los costos corriendo por cuenta de la comunidad escolar.
Martha Natividad García Santos, integrante de la dirección política de Bases Magisteriales de la Sección 40, denunció que esta carga resulta insostenible. “La responsabilidad de regularizar los nombres y documentos de las escuelas está sobre nosotros y representa un reto económico considerable”, afirmó.
La situación se agrava debido a que ninguna institución en la región cuenta con certeza jurídica plena sobre los terrenos que ocupa. En una reciente reunión de directores de nivel preescolar y otros niveles, se confirmó que todos enfrentan esta misma problemática.
Casos como el del Jardín de Niños “Narciso Mendoza”, cuya cédula lo identifica con la letra “Z” mientras que en los documentos oficiales aparece con “S”, obligan a iniciar procedimientos legales para corregir la información.
Otro ejemplo es el Jardín de Niños “Carmen de Acebo”, registrado como Teófilo Acebo en su cédula, lo que podría derivar en que la propiedad quede a nombre del municipio, generando temor entre los docentes y padres por una posible expropiación.
Aunque muchas escuelas fueron donadas hace décadas, la falta de escrituras y la ausencia de un programa gubernamental para facilitar la regularización impiden avanzar. La SEP, junto con la SEDATU ha anunciado un proceso de regulación para planteles públicos, pero la falta de claridad sobre cómo se ejecutará ha incrementado la preocupación entre los directivos.
Los afectados hacen un llamado urgente a la SEP para que asuma esta responsabilidad y diseñe un mecanismo que garantice seguridad jurídica a los planteles, evitando que la carga recaiga únicamente en los directivos y padres de familia. EL ORBE/Nelson Bautista
