Por: Gonzalo Egremy
Corrupción en Obra Pública
* Contrariamente a la Cámara de la Industria de la Construcción, la AMIC solicita reformas a la Ley en la materia para benefició a empresa locales.
* Diputado, Enrique Zamora toma protesta a delegación Soconusco de Asociación que agrupa a toda la cadena productiva de la construcción.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, agrupa a colegios de ingenieros civiles, tiene bienes en el país de 4 mil millones de pesos.
El cambio de estatutos, sin consenso de agremiados de varias entidades de la república de esa Cámara, hicieron que algunos dirigentes crearan una especie de cacicazgo con la obtención en la obra en el país.
Por lo anterior nació la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, con presencia en todo el país, dirigida por un reconocido líder, Francisco Gallo Palmer, cuya familia (su esposa) es oriunda de Metapa.
En plática con periodistas, y en presencia del Diputado Federal, Enrique Zamora Morlet, quien por cierto, le tomó la protesta a la dirigencia de la AMIC Costa-Soconusco, se explayó en lo solicitado al Senado de la República.
Antes comentó: “En el otorgamiento de la obra pública en los tres órdenes de gobierno existe una seria opacidad y en muchos casos, sin proyectos y contratos que ponen en riesgo el patrimonio de los constructores”.
Dijo que de los 32 estados del país, solamente Tlaxcala y Querétaro, no tienen adeudos con los empresarios de la construcción, ante lo cual planteó la necesidad de legislar en la materia para evitar que las obras se den por compadrazgos, negocios o para pagar deudas de campañas.
Para lo anterior, agregó, ya presentaron una propuesta ante el Senado de la República para la modificación de la Ley de Obras Públicas “y se respete lo que marca la Constitución de que éstas se otorguen mediante licitaciones públicas y no como ahora con las modalidades de contratación directa, invitación restringida y por administración”.
Consideró que esto propicia la corrupción en la materia y que en solamente seis años el padrón de empresas dedicadas a la construcción hayan pasado de 20 mil a 40 mil en todo el país, tanto que “hasta los legisladores crean las suyas para hacer obras en sus distritos al contar con 20 millones de pesos anuales y nadie les da seguimiento, es decir, no son auditadas”.
Planteó la necesidad de que comités ciudadanos participen en las licitaciones y fallos de la obra pública tanto a nivel federal, estatal como municipal para dar una mayor transparencia.
Lo mismo pasó en las administraciones de Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrer o, en las que “se hicieron las obras con el dinero de las constructoras y ahora no pueden cobrar”, insistió.
Por otra parte, en relación a las Zonas Económicas Especiales autorizadas en los estados del Sur-Sureste del país, se ha definido un presupuesto de 94 mil millones de pesos para invertirlos en proyectos de logística, transportes, energía eléctrica, hidráulica y otras, aunque éstas se las pretenden otorgar a empresas grandes, dejando de lado a las locales.
Ante la presencia también del presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados, Enrique Zamora Morlet, consideró que los legisladores deberán impulsar que los incentivos que se otorguen no solamente vayan dirigidos a las nuevas empresas que se asienten en esos espacios, sino también a las locales e incluso abrir canales de financiamiento para fortalecerlas, caso contrario no les permitirá competir.
Precisó que lo mismo está pasando con un plan del gobierno federal para 180 megaproyectos de infraestructura que pretende una inversión de 250 mil millones de pesos, pero éstas serán mediante el sistema de Asociación Pública Privada (APP) y en ellas solamente podrán participar grandes empresas nacionales como extranjeras, lo que vendrá a dejar sin oportunidades a las pequeñas y medianas constructoras que es el 97 por ciento de las del país”, como se ve, está “cañón”, ¿no cree usted?
