COMENTARIO ZETA

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Por Carlos Z. Cadena
La Deuda y Corrupción del Sabinato Hace Estragos en Chiapas

Hoy los tiempos y los golpes financieros de Chiapas, nos vuelven a recordar lo que se escribió en la revista PROCESO el pasado 31 de Enero del 2013, (A unos meses del nuevo gobierno de Manuel Velasco Coello). En la nota principal de PROCESO se leía textualmente: “El sexenio de Juan Sabines Guerrero será recordado como el más corrupto en la historia de Chiapas. Nunca antes los chiapanecos habían salido a las calles para exigir a las nuevas autoridades que metan a la cárcel a un exgobernador. Ahora que concluyó su mandato se han detectado faltantes de miles de millones de pesos en las arcas del estado. Estos recursos se desviaron por conducto de empresas fantasma que supuestamente realizaron obra pública o prestaron servicios que nunca se efectuaron. Para ello Sabines contó con la complicidad de una veintena de sus colaboradores más cercanos. El exmandatario fue fiel a la frase que su padre hizo famosa durante su efímero gobierno (1979-1982) en esa entidad: “La corrupción somos todos”.
Y seguía PROCESO: “En todas las dependencias del Ejecutivo estatal se advierte una mala organización que marcó la pauta para el desorden financiero y los malos manejos que caracterizaron al sexenio anterior. Durante su mandato también pervirtió las finanzas públicas de la mayoría de los 122 ayuntamientos chiapanecos, cuyos alcaldes se encuentran presos, prófugos o están en la mira del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. Cuando Sabines asumió la gubernatura, la deuda de Chiapas ascendía a poco más de 800 millones de pesos. Este débito lo contrajo el mismo Sabines cuando era alcalde de Tuxtla Gutiérrez. La administración encabezada por Pablo Salazar, fue su aval. Al término de su gestión la deuda alcanzó 21 mil millones de pesos, como lo revelaron publicaciones oficiales que este semanario consultó. Sin embargo, Sabines y su secretario de Hacienda no reconocen ningún adeudo más allá de 15 mil millones de pesos”.
Sigue señalando PROCESO: “Sin embargo otros rubros no declarados oficialmente podrían hacer llegar la cantidad de la deuda a unos 40 mil millones de pesos, pues algunos créditos no fueron registrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo cierto es que hasta ahora no se conoce con certeza cuánto adeuda Chiapas a la banca pública y privada. A finales de octubre pasado, a dos días de que rindió protesta la actual legislatura local, Sabines contrató un crédito por 3 mil 850 millones de pesos. Se le otorgó con la condición de que la mitad, mil 925, la erogaría para el cierre de su gestión y la otra parte al asumir el mando Velasco Coello. Sin embargo, éste no encontró ningún dinero y sólo se topó con una crisis ocasionada porque no se había realizado el pago de salarios y prestaciones a la burocracia estatal y por el adeudo de grandes cantidades a empresas contratistas y proveedores. Por los malos antecedentes crediticios de Chiapas, ninguna institución bancaria quiso otorgar este crédito y fue necesario acudir al Grupo Financiero Multiva, de Jorge Hank Rhon, cuyas tasas de interés son las más altas del mercado”.
Afirmaba PROCESO: “A principios de este enero el pleno del Congreso del Estado aprobó reestructurar la deuda. Para ello es necesario que la compre algún banco cuyas tasas de interés no sean muy altas, pero ninguna institución desea adquirir esa deuda hasta que mejoren las calificaciones crediticias de Chiapas. En su primer año de gobierno Sabines bursatilizó 5 mil millones de pesos, con lo que comprometió 2% del impuesto sobre la nómina hasta por 30 años. Esta bursatilización no aparece registrada como deuda pública. Durante la gestión de Sabines hubo variaciones importantes en el Presupuesto de Egresos estatal. En 2007 contó con 27 mil 487 millones 924 mil pesos. Para 2012 esa cifra casi se duplicó, pues subió a 46 mil 123 millones 658 mil 175 pesos. De acuerdo con reportes de los presupuestos de egresos, durante todo su sexenio a Sabines se le autorizó un gasto de 231 mil 887 millones de pesos; no obstante, al final de su mandato las erogaciones superaron los 250 mil 723 millones de pesos”.
PROCESO advertía: “Las corruptelas y el desorden son evidentes en las dependencias del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, en la Secretaría de Infraestructura se detectó un grupo de nueve empresas fantasma, a las que se les asignó una gran cantidad de contratos de obra. El monto total que representan los pagos efectuados por concepto de “obra pagada no ejecutada” asciende a mil 509 millones 628 mil 69 pesos. Esta es sólo la punta del iceberg en la corrupción sabinista, pues en muchas otras dependencias, como la Secretaría de Salud, han empezado a detectarse irregularidades, como el pago a sobreprecio en productos y servicios por cantidades millonarias. Además se encuentran en investigación facturas que podrían ser falsificadas y que se presentaron para justificar el pago de unos 3 mil 500 millones de pesos”.
Reseñaba PROCESO: “El gobierno de Sabines estuvo marcado por la opacidad. Entre 2007 y 2012 se crearon casi 20 fideicomisos sin que hasta la fecha se conozca la manera en que se manejaron los recursos para este fin. El más importante fue el que se destinó para apoyar la instalación de empresas en el Parque Agroindustrial Al pie del Cañón. Con el fin de protegerse y no ser sujeto a investigación, en mayo de 2011 Sabines propuso a la LXIV Legislatura que autorizara una reforma a la Constitución, concretamente al artículo 26 del capítulo II. La iniciativa fue aprobada por unanimidad”. Y volvía a leerse:
“En esa reforma se establece que “la aprobación, en lo general, de la cuenta pública exime al Ejecutivo de cualquier responsabilidad; de modo que si apareciera alguna con motivo de la revisión y fiscalización, ésta será de la exclusiva responsabilidad de los órganos, entidades o servidores públicos ejecutores del gasto”. En el mismo artículo se indica que “una vez analizada y aprobada la cuenta pública, con base en su contenido, y revisada y fiscalizada por el Órgano de Fiscalización Superior, conforme a la conclusiones técnicas del informe de resultado a que se refiere el artículo 31 de esta Constitución, no podrá ser motivo de análisis, revisión o fiscalización posterior, por ninguna de las instancias fiscalizadoras del gobierno del estado. Además de que Sabines busca neutralizar cualquier investigación administrativa o penal en su contra, se aseguró de contar con un equipo de guardaespaldas –pagado con recursos del erario de Chiapas– que lo protegerá hasta 2022. Así lo establece el decreto que los diputados locales aprobaron, en sesión extraordinaria, el último sábado de noviembre de 2009 durante un puente vacacional”. Y finalizaba el texto.
“El exgobernador no acudió a la toma de protesta oficial de Manuel Velasco, en el Poliforum Mesoamericano, acondicionado como recinto legislativo para ese acto protocolario. Arguyó que estuvo presente en una ceremonia religiosa tradicional indígena realizada en el Palacio de Gobierno, donde le entregó el bastón de mando a su sucesor. En cuanto dejó el poder desapareció de Chiapas en un jet del gobierno estatal que permaneció estacionado durante varios días de diciembre en el aeropuerto de Acapulco, Guerrero. La aeronave regresó a Chiapas a principios de este mes”. Hasta ahí PROCESO.
Hoy Chiapas con graves problema financieros y el Cónsul de Orlando, Florida, riéndose y todavía metiéndose en asuntos electorales.