Jorge Romero Herrera
En días pasados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió en el pleno la controversia ingresada por senadores de la República, para declarar inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) de 2021, así como por su impacto económico y en la generación de energías limpias.
Al realizarse la votación de los 11 ministros, 7 de ellos argumentaron que es inconstitucional la reforma de 2021 por diversos motivos mientras que 4 votaron por no considerarlo así.
La mayoría calificada opera sólo en casos de acción de inconstitucionalidad, controversias y declaratoria general, no en materia de amparos. Por ello, pese a no alcanzar los 8 votos requeridos, el debate jurídico sigue abierto en caso de amparos, porque 7 ministros coincidieron que la reforma es inconstitucional. Ello permite que las personas que se encuentran amparadas, continúen con sus procesos y quedarán las resoluciones judiciales en manos de los jueces y los tribunales colegiados. Si las resoluciones no les son favorables, pueden seguir impugnando hasta llegar hasta la Suprema Corte, incluso si las resoluciones judiciales en México le son contrarias a las personas que impugnan, estas podrán recurrir a tribunales internacionales.
Entre los argumentos expuestos, debemos de resaltar que los jueces que votaron por declarar la reforma inconstitucional, hicieron referencia a la crisis del cambio climático y a la relevancia de la transición energética, mas no se logró el consenso para la protección constitucional del derecho a un medio ambiente sano.
De haberse conseguido el reconocimiento constitucional, ninguna ley o acto de autoridad mexicana podría frenar la sustitución gradual de las energías fósiles por energías renovables en el sistema eléctrico, frenando en los hechos en el máximo tribunal del país, el derecho a una política energética sustentable.
El diplomático estadounidense John Kerry (enviado presidencial especial a México para atender los asuntos del clima) y el embajador Ken Salazar, en reiteradas ocasiones han expresado las preocupaciones que su país tiene sobre los cambios en la política energética de México.
Asimismo, diversas voces del ámbito empresarial han expresado que la LIE vulnera peligrosamente el marco jurídico que da certeza a quienes participan en la generación, distribución y comercialización de la electricidad. Abriendo las puertas a represalias comerciales y pagos por indemnizaciones que impactarán la hacienda pública.
El interés del oficialismo de volver a CFE un supermonopolio es algo preocupante que podrá definir el futuro de México. Los diputados de Acción Nacional no lo permitiremos. Nosotros sí les responderemos a los mexicanos del futuro y a los que estamos a favor de las energías limpias y baratas. Seguimos firmes en que la propuesta del Ejecutivo en su Reforma Eléctrica es totalmente retrógrada y estaríamos violando diversos tratados internacionales.
Por supuesto que seguiremos acudiendo a la Suprema Corte de Justicia a presentar Acciones de Inconstitucionalidad; porque este gobierno quiere legislar al vapor, sin fijarse en los errores que cometen, violentando nuestro orden jurídico. Sun
