Víctor Gamboa
La Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) que visitó México con motivo del proceso de revocación de mandato expresó su preocupación por las continuas campañas de desprestigio y ataques contra el Instituto Nacional Electoral (INE), «que no sólo aumentan la polarización existente en el país, sino que también menoscaban la democracia».
Al dar a conocer su informe preliminar, destacó que la votación se llevó a cabo de forma pacífica y transcurrió en un marco de tranquilidad, aunque envuelto en un clima de alta polarización y con incidentes aislados.
Observó que autoridades de distintos niveles de gobierno, incluidas las de mayor jerarquía, cometieron infracciones relacionadas con la prohibición de propaganda gubernamental personalizada y el uso de recursos públicos, y destacó que la legislación vigente no contempla consecuencias legales.
«Durante la semana previa, existieron múltiples eventos en donde participaron autoridades del gobierno federal y local, los cuales fueron motivo de denuncias tanto por su participación, así como por el presunto uso de recursos del Estado».
La misión consideró que, independientemente de si las condiciones legales vigentes son adecuadas o no para promover el debate público, hasta en tanto no sean modificadas, deben ser respetadas sin excepción.
Resaltó que la legislación y los procedimientos aplicables a futuras consultas deben ser revisados para evitar que se repitan los problemas normativos que afectaron a este primer ejercicio.
En su informe, los expertos de la OEA recomendaron orientar el modelo de comunicación, que actualmente es muy restrictivo, de forma que se estimule el debate, se brinde pluralidad a la opinión pública y se llene de contenido el derecho a emitir un voto informado, respetando el principio de equidad.
Consideraron que la persona cuyo mandato se encuentra en cuestión debería poder expresarse buscando convencer al electorado de votar en contra de la revocación de su gestión.
También sugirieron que para futuros ejercicios de democracia directa, se le garanticen al INE los recursos que requiere para cumplir con sus funciones, explorar mecanismos que permitan que la ciudadanía acceda a la información de quienes están financiando propaganda en favor de cada posición, asignar tiempos en radio y televisión al instituto para la difusión, y transparentar la compra de propaganda, especialmente de empresas.
La misión recomendó reformular la pregunta establecida en la Ley de Revocación de Mandato, a fin de que sea clara para los ciudadanos y estrictamente compatible con la naturaleza de este mecanismo.
La Misión de Observadores denunció que solicitó reuniones con autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero fue informada de que la Secretaría de Relaciones Exteriores no estaba en posición de gestionarlas. La delegación felicitó al INE por la organización. Sun
