Raquel López-Portillo Maltos
(Analista de Comexi)
El flujo de migrantes que esperan expectantes el fin del Título 42, medida que bajo el argumento de riesgos a la salud pública permitió a Estados Unidos realizar 2.7 millones de deportaciones inmediatas durante los últimos tres años, ha tenido un aumento considerable desde diciembre del 2022. Pese a que las dinámicas de tensión y distensión entre el gobierno estadounidense y el mexicano en materia migratoria se han mantenido como una constante a lo largo del tiempo, el fin de dicha política este 11 de mayo trae consigo tres claves sin precedentes que esbozan un devenir caótico.
El primer punto tiene que ver con la forma en la que los migrantes solicitan su entrada a Estados Unidos. Hace unas semanas, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional estadounidenses anunciaron la próxima creación de centros regionales de procesamiento migratorio, siendo Guatemala y Colombia los países elegidos para el inicio de este programa piloto.
Si bien esta medida encuentra precedente en el controversial programa «Quédate en México», llama la atención la ampliación del alcance de esta propuesta cada vez más lejos de sus fronteras, dejando además la gestión de esta problemática a países que no encabezan las expulsiones regionales de migrantes.
Por su parte, recientemente México anunció que accedió a continuar recibiendo a cerca de 30,000 migrantes de cuatro nacionalidades (Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela) mensualmente, aún después del vencimiento del Título 42.
Mientras que en el caso de Colombia y Guatemala existe el entendido de que recibirán los fondos necesarios para la gestión de dichos centros, la experiencia mexicana ha evidenciado un vacío en la cooperación bilateral y en la disposición de fondos federales para contar con las condiciones necesarias para la atención de personas migrantes.
Finalmente, se palpa un creciente ambiente de militarización y criminalización migratoria desde el ejecutivo y el legislativo estadounidense. Por un lado, en un intento de anticipar la crisis que se avecina, la administración de Joe Biden ordenó el despliegue de 1,500 elementos del ejército en la frontera sur, dejando un total de 4,000 elementos en la zona. Por su parte, estados como Texas y Florida intentan recrudecer las políticas migratorias desde los congresos locales.
Al igual que ocurre en México con la ampliación de facultades de la Guardia Nacional en materia migratoria, militarizar la frontera es un error. En un contexto en donde se calculan entre 7 mil y 8 mil detenciones diarias de migrantes sin documentos, catalogarles como una amenaza al orden público les coloca en una posición de criminales de facto. La gravedad de esta postura, recrudecida ante la retórica Republicana que responsabiliza a migrantes del tráfico de fentanilo, recae en convertir potenciales faltas administrativas en delitos. Más allá de ello, este enfoque no ha tenido el efecto buscado, como muestran el aumento de flujos y de caravanas que se dirigen al norte.
Si bien los impulsores de estas medidas argumentan que se trata de un intento de ordenar la migración y hacer de este problema una responsabilidad hemisférica, no consideran suficientemente los efectos que tendrán en miles de personas. En un panorama en donde se conjuntan la desesperación por una vida digna, el oportunismo criminal y las aspiraciones electorales, el fin del Título 42 abona a la certeza del caos que viene. En medio de una flagrante crisis humanitaria, «quédate donde puedas» jamás podrá ser el mensaje correcto. Sun
