Jorge Nader Kuri *
La semana pasada escribí en El Universal que la elección directa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es una idea atractiva. Por un lado, se modificaría el método actual que fomenta que los integrantes del máximo tribunal sean resultado de una decisión unilateral, discrecional e íntima del presidente. Por otro lado, esta elección directa permitiría superar el déficit democrático que caracteriza a los sistemas políticos de designación de jueces de las cortes supremas en todo el mundo. Nuestros ministros tendrían así una legitimación democrática incuestionable, al igual que los legisladores, gobernadores, presidente, etc. Esto no sólo les permitiría resolver las controversias constitucionales sometidas a su potestad, sino también tomar las decisiones necesarias para la debida impartición de justicia federal.
En este sentido, así como los mexicanos no elegimos a los órganos responsables de administrar los poderes Legislativo y Ejecutivo, ni tampoco a los facultados para definir su organización o sancionar a sus integrantes, ya que estas decisiones corren a cargo de sus titulares, que poseen legitimación democrática, de la misma forma no tendría justificación distinguir en el Poder Judicial. La iniciativa, motivo de tantos debates actualmente, plantea que la ciudadanía vote directamente a los integrantes del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial. Sin embargo, los ministros de la SCJN, dotados de legitimidad democrática, bien podrían formar ternas de candidatos para estos órganos, y el Senado, también investido de legitimación democrática, designar a sus integrantes de entre las ternas.
De esta forma, tendríamos una razón adicional para justificar la reforma judicial que se debate, precisamente por el ejercicio de la cuota democrática que poseería la SCJN para la formación de ternas. También nos ahorraríamos varios miles de millones de pesos de nuestros impuestos en los procesos electorales para la primera elección de ambos tribunales y para las posteriores conforme vayan dándose las vacantes. Estos recursos podrían canalizarse a la mejora de la cultura electoral y la prevención de faltas disciplinarias, por ejemplo. Además, evitaríamos una diferencia de trato constitucional entre los poderes de la Unión, en la que dos de ellos pueden decidir cómo organizarse y sancionar disciplinariamente a sus integrantes, mientras que el Poder Judicial no podría. Esto despojaría a la SCJN de su papel como cabeza del Poder Judicial.
Aunque dejo para después el análisis sobre la elección de magistrados y jueces, es claro que la iniciativa se excede injustificadamente y sin objetivo claro al pretender que se elija también a los integrantes del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial. Mejorar la justicia, que se dice es la finalidad de la reforma judicial, no es un objetivo que se vaya a alcanzar por el simple hecho de votar democráticamente a los ministros y a los integrantes de ambos tribunales. De allí que nuestros próximos legisladores, a partir de septiembre, deberán reflexionar cuidadosamente sobre la finalidad real de la reforma y si sus planteamientos son consistentes en esa dirección. Como dijo Montesquieu: «Las leyes inútiles debilitan las necesarias».
*Abogado penalista
jnaderk@naderabogados.com
