*Incluso a Personas con Visas Válidas o Vínculos Familiares.
Donald Trump dio inicio a la fase más ambiciosa —y conflictiva— de su política migratoria. En las últimas dos semanas, su administración aceleró las deportaciones masivas con un criterio amplio: ya no se limita a inmigrantes con antecedentes penales, sino que incluye también a residentes legales, turistas e incluso cónyuges de ciudadanos estadounidenses.
Estas medidas encendieron alarmas en los tribunales, provocaron tensiones con las llamadas “ciudades santuario” y dejaron al descubierto los límites financieros y legales del plan más agresivo del segundo mandato presidencial.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó la reciente expulsión de ciudadanos de Venezuela, Alemania y Líbano, algunos con visas vigentes o procesos legales en curso. Uno de los casos más emblemáticos es el de Rasha Alawieh, médica libanesa y docente en la Universidad de Brown, deportada pese a una orden judicial federal que prohibía su salida de EE.UU.
En este contexto, una de las decisiones más controversiales del gobierno fue reactivar una ley del siglo XVIII para acelerar las expulsiones. La Casa Blanca invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 —un estatuto casi en desuso— para justificar la deportación de más de 200 venezolanos, señalados de forma preventiva por supuestos vínculos con el Tren de Aragua, una red criminal nacida en las cárceles de Venezuela. Muchos vivían hace años en Estados Unidos, con trabajo, familia y documentos en regla.
La respuesta judicial fue inmediata. Varios jueces federales acusaron a la administración Trump de ignorar fallos que suspendían vuelos y de violar garantías mínimas del debido proceso, según señaló Fox News.
