Delincuentes Importan Delitos y Modos de Operar de Otros Países para Replicarlos en México
Ernesto L. Quinteros
El brutal ataque ocurrido en la colonia La Cima, donde un hombre fue presuntamente amarrado a una motocicleta y arrastrado por varias cuadras, no es un hecho aislado ni puede verse únicamente como una nota roja más.
Es un episodio que obliga a reflexionar con seriedad sobre la complejidad de la violencia que hoy enfrenta Tapachula, una ciudad fronteriza muy compleja, pero también con fenómenos criminales que rebasan sus propias fronteras.
Durante los últimos años, Tapachula se ha convertido en uno de los principales puntos de entrada de flujos migratorios provenientes de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. La gran mayoría de estas personas llegan huyendo de la violencia, la pobreza y la persecución, buscando una oportunidad de vida digna.
Sin embargo, negar que entre estos flujos también se han infiltrado grupos delictivos organizados sería cerrar los ojos a una realidad incómoda pero evidente.
Diversos delitos de alto impacto registrados en la ciudad muestran patrones que no eran comunes en la región hace una década. Modos de operar como el “gota a gota”, la extorsión sistemática, la violencia ejemplar y el uso del terror como mensaje, así como la presencia de pandillas transnacionales, entre ellas células vinculadas a las maras, han comenzado a replicarse en colonias populares y zonas vulnerables de Tapachula. Estas prácticas no nacieron aquí; fueron importadas.
El ataque de La Cima refleja precisamente ese tipo de violencia extrema que busca someter, castigar y enviar un mensaje. Arrastrar a una persona amarrada a una motocicleta no es un acto impulsivo: es una forma de agresión que remite a estructuras criminales acostumbradas a la brutalidad como método de control.
Ante este panorama, es importante hacer dos precisiones fundamentales. La primera: no se puede ni se debe criminalizar a toda la población migrante. Hacerlo sería injusto, peligroso y socialmente irresponsable. Pero la segunda es igual de importante: no se puede negar que existen grupos criminales transnacionales que aprovechan el contexto migratorio, la saturación institucional y la fragilidad social para operar impunemente.
Por ello, resulta relevante reconocer la respuesta rápida y coordinada de los cuerpos de seguridad en este caso.
La detención de seis presuntos responsables -incluido un menor de edad-, así como el aseguramiento de armas y del vehículo utilizado, envía un mensaje claro: la violencia no puede ni debe normalizarse. La acción inmediata de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Fiscalía, las guardias estatales y la policía municipal de Tapachula evitó que este crimen quedara impune y posiblemente que se repitiera.
La Perla del Soconusco enfrenta un reto mayúsculo: seguir siendo una ciudad solidaria y humanitaria, sin permitir que la delincuencia organizada, venga de donde venga, se apodere de sus calles. Para ello se requiere inteligencia policial, coordinación interinstitucional, control territorial y, sobre todo, voluntad política sostenida. Pero sobre todo se requiere de mayor presupuesto.
La violencia no distingue nacionalidades, pero la impunidad sí tiene consecuencias locales.
Por eso, reconocer cuando las autoridades actúan con eficacia no es oficialismo, es responsabilidad social. Así como señalar cuando fallan es una obligación, también lo es respaldar las acciones que protegen a la ciudadanía.
Tapachula no puede ni debe convertirse en un laboratorio del crimen transnacional. La detención de los agresores en este caso es un paso correcto. El desafío es que no sea la excepción, sino la regla.
Y el castigo a estas personas debe de ser ejemplar, para seguir mandando un mensaje que en esta ciudad de la frontera sur de México no se tolera la violencia y menos los actos delictivos. Para que los delincuentes también sepan que aquí hay capacidad de respuesta ante cualquier hecho que ponga en riesgo a la población.
Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.
¡Ánimo!
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