Crisis Migratoria en Tapachula se Agrava por la Demora en Trámites de Refugio

* MILES DE EXTRANJEROS LLEVAN MESES VARADOS EN LA FRONTERA SUR ESPERANDO RESPUESTA DE SUS TRÁMITES MIGRATORIOS EN LA COMAR
* Abogado Señala que la Comar por ley Debe Expedir de Manera Inmediata una Constancia de Trámite Provisional y la Clave de Refugiado a Quienes Solicitan Asilo
* Procedimientos Legales han Dado pie a Negocios Ilegales que Lucran con la Necesidad de los Migrantes

Tapachula, Chiapas; 1 de Febrero del 2026.- Tapachula se ha convertido en el epicentro de una crisis migratoria marcada no solo por la masificación de personas en contexto de movilidad, sino por un entramado burocrático y de presunta corrupción que profundiza su vulnerabilidad.
Así lo advierte el abogado litigante José Luis Pérez Jiménez, especialista en derecho migratorio, quien señala que, desde el periodo pospandémico, los procedimientos legales lejos de proteger derechos, han dado pie a negocios ilegales que lucran con la necesidad y la desesperación de los migrantes.

De acuerdo con el litigante, uno de los principales focos del problema es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que por ley debe expedir de manera inmediata una constancia de trámite provisional y la clave de refugiado a quienes solicitan asilo. Estos documentos no otorgan el estatus de refugiado, pero sí permiten a la persona acceder a servicios básicos como salud, alimentación y protección mínima mientras se resuelve su caso. Sin embargo, la omisión, tardanza o negativa en la entrega de estos documentos se ha vuelto una práctica recurrente.
Esta situación ha provocado que hasta el 80 por ciento de los amparos promovidos en Chiapas sean contra la Comar, principalmente por la falta de expedición de dichos documentos. Aunque durante años los jueces federales concedieron suspensiones provisionales para proteger a los solicitantes, desde enero de 2026 se ha observado un giro restrictivo: demandas desechadas, suspensiones negadas y una interpretación regresiva de la ley, lo que deja al migrante en un limbo legal.
El impacto social es profundo. Al no obtener respuesta, muchos migrantes optan por solicitar visas humanitarias ante el Instituto Nacional de Migración (INM), documentos de alcance limitado que no garantizan libre tránsito ni estabilidad jurídica. Esta falta de certeza ha abierto la puerta a redes de coyotaje, falsos gestores y pseudoactivistas que venden amparos mal elaborados a bajo costo, prostituyendo una figura jurídica diseñada para proteger derechos humanos.
A ello se suma el uso discrecional de figuras como la reunificación familiar, que, ante la lentitud institucional, incentiva prácticas irregulares y sospechas de corrupción. Para Pérez Jiménez, el problema de fondo no es la migración, sino un sistema que no actúa con profesionalismo ni celeridad.
El llamado es claro: una reforma de criterios judiciales y administrativos con enfoque pro persona, que agilice trámites, cierre espacios a la corrupción y devuelva dignidad a quienes hoy enfrentan un sistema que, en lugar de protegerlos, los convierte en mercancía legal. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros