Por Ernesto L. Quinteros
Entre el Discurso Oficial y el Abuso de Gasolineros; Combustibles se Siguen Encareciendo
En Tapachula, como en gran parte del país, el precio de la gasolina se ha convertido en un terreno donde la narrativa oficial y la realidad cotidiana ya no coinciden. Mientras el gobierno federal insiste en que los incrementos se deben a abusos de concesionarios, en la calle, en los mercados y en los negocios, la percepción es otra: el combustible sube y nadie asume con claridad la responsabilidad.
El argumento institucional apunta a que las estaciones de servicio deben respetar acuerdos de precios, especialmente en la gasolina Magna y el diésel. Bajo esta lógica, el problema radicaría en prácticas indebidas de algunos empresarios del sector. Sin embargo, esta explicación resulta insuficiente cuando se confronta con un hecho ampliamente conocido: en México, el precio de los combustibles está liberado desde hace varios años, sujeto a variables internacionales, costos logísticos y una carga fiscal significativa.
Entonces surge la pregunta inevitable: ¿realmente son los gasolineros los responsables del encarecimiento, o se trata de un fenómeno más complejo que se simplifica desde el discurso político?
La realidad económica sugiere lo segundo. El precio final del combustible no depende únicamente de quien lo vende al público. Intervienen factores como el costo internacional del petróleo, el tipo de cambio, la distribución, y, de manera crucial, el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS). Este último representa un componente importante del precio que paga el consumidor y cuya administración corresponde al Estado.
Señalar exclusivamente a los concesionarios puede resultar políticamente conveniente, pero desvía la atención de una discusión más profunda sobre la política energética y fiscal del país. Es más fácil responsabilizar al último eslabón de la cadena que explicar por qué, pese a promesas de estabilidad o reducción, los precios continúan al alza.
En el plano local, el impacto es evidente. El incremento en los combustibles encarece el transporte de mercancías, eleva los costos de operación y termina reflejándose en el precio de productos básicos. El tomate, la cebolla o cualquier alimento que llega a la mesa de las familias arrastra consigo el costo del combustible. Así, el problema deja de ser sectorial y se convierte en un asunto de economía cotidiana.
Para los pequeños y medianos empresarios, la situación es aún más delicada. Con aumentos en insumos que superan el crecimiento del salario mínimo, los márgenes de ganancia se reducen y la única alternativa es trasladar el costo al consumidor. Esto genera un círculo difícil de romper: suben los precios, baja el poder adquisitivo y se desacelera el consumo.
Desde una perspectiva política, lo preocupante no es solo el aumento en sí, sino la falta de claridad en la narrativa. Cuando no existe una explicación transparente y coherente, se erosiona la confianza. La ciudadanía percibe contradicciones y termina atrapada entre versiones que no logran explicar del todo lo que ocurre.
La postura oficial, al centrar la responsabilidad en los gasolineros, corre el riesgo de simplificar un problema estructural. Porque si bien existen claros casos de abusos, estos no explican por completo una tendencia sostenida al alza.
En este escenario, la exigencia no debería limitarse a sancionar a quienes incumplen acuerdos, sino a transparentar toda la cadena de formación de precios. ¿Cuánto corresponde a impuestos? ¿Qué parte depende del mercado internacional? ¿Dónde comienza y termina la responsabilidad del Estado y del sector privado?
Sin respuestas claras, la discusión seguirá atrapada en señalamientos cruzados, mientras el impacto real continúa trasladándose al ciudadano. Porque al final del día, más allá de discursos y culpas, hay una certeza que nadie puede negar: cada peso que sube la gasolina se multiplica en toda la economía.
Y en Tapachula, como en todo México, esa realidad ya no se discute… se paga.
Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!
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