• Personas deportadas desde Estados Unidos y migrantes de diversas nacionalidades permanecen durante largos periodos detenidos; denuncian.
Tapachula, Chiapas, 2 de agosto de 2026.- Luego del motín registrado al interior de la Estación Migratoria Siglo XXI el sábado por la noche, en Tapachula, el activista y defensor de los derechos humanos de las personas migrantes, Luis García Villagrán, denunció la existencia de presuntos actos de corrupción, extorsiones y violaciones sistemáticas a los derechos humanos dentro de las instalaciones administradas por el Instituto Nacional de Migración (INM).
De acuerdo con el activista, el estallido de la protesta sería consecuencia del descontento acumulado por las condiciones en que permanecen cientos de personas migrantes, quienes, afirmó, enfrentan presuntas extorsiones, retrasos en sus procedimientos migratorios y estancias que rebasan los plazos establecidos por la ley.
Villagrán aseguró que, tras los hechos, se desplegó un amplio operativo de corporaciones de seguridad y acusó la existencia de un presunto «cerco informativo» para minimizar lo ocurrido y evitar que se conozca la magnitud de los acontecimientos. Señaló que, además del incendio de colchonetas durante el motín, existían versiones sobre personas lesionadas, aunque hasta el momento las autoridades no han informado oficialmente sobre el saldo de los hechos.
El defensor también cuestionó la actuación de las autoridades migratorias, al señalar que personas deportadas desde Estados Unidos y migrantes de diversas nacionalidades permanecen durante largos periodos en la estación, lo que genera desesperación y tensión.
Asimismo, criticó las dificultades que enfrentan algunos extranjeros, particularmente ciudadanos cubanos, para retornar voluntariamente a su país de origen, situación que, dijo, refleja fallas estructurales en la política migratoria.
Las declaraciones de García Villagrán ponen nuevamente en el centro del debate las condiciones de operación de la Estación Migratoria Siglo XXI, una de las más grandes del país, así como la necesidad de que las autoridades competentes investiguen las denuncias por presuntos actos de corrupción, extorsión y posibles violaciones a los derechos humanos, garantizando transparencia, legalidad y el respeto a la dignidad de las personas migrantes. EL ORBE/ Mesa de Redacción.






