Por Oscar D. Ballinas Lezama
Voces De protesta
“La demora de la justicia significa injusticia” (Walter S. Landor)
El país azteca sigue escuchando cientos de protestas, la gente está llegando a la desesperación por que los productos y servicios que utiliza cada vez son más caros, el salario se hace insuficiente para satisfacer las necesidades más prioritarias.
Por si fuera poco, muchos funcionarios públicos están aprovechando el ‘año de Hidalgo’ para cargar con lo que pueden, sin importarles perjudicar a miles de empleados a los que están dejando sin sus fuentes de ingreso o simplemente, despojándolos de su salario y demás prestaciones.
Ayer en Tapachula, desde muy temprana hora decenas de trabajadores del sector salud bloquearon la entrada y las calles aledañas a las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria Número VII, que según los quejosos, sigue bajo la dirección de Esaú Guzmán Morales, quien es también director del Nuevo Hospital General.
Los empleados de la Jurisdicción Sanitaria VII, denunciaron que la Secretaría de Salud que era presidida por el doctor Francisco Ortega Barrera, lo dejó al garete para irse como candidato a una diputación federal, dejando como encargada a una mujer que ni en su casa la conocen, mucho menos sabe cómo resolver los problemas que tienen más de 7 mil trabajadores del sector salud en Chiapas.
Los quejosos pidieron la omisión de sus nombres, por temor a las represalias en sus fuentes de trabajo, añadiendo que al parecer el secretario de salud con licencia, les está haciendo noche los millones de pesos que pertenecen al Fondo del Ahorro y que debieron pagárselos a todos los empleados desde hace varios meses, al igual que el bono de diciembre y ajuste de calendario del 2017.
Explicaron los presuntos afectados, que tampoco les han pagado lo correspondiente a sus uniformes; desconocen también qué hicieron las autoridades de salud con el dinero de ‘pago a terceros’, que corresponde a los créditos que los trabajadores obtienen a través del ISSSTE, dinero que les es descontado de sus salarios, sin embargo, no han sido reflejados en los pagos a la dependencia que les otorgó el préstamo, lo que ahora los tiene pagando los platos rotos en el Buró de Crédito.
Hay casos, dijeron los denunciantes, en que algunos empleados ya terminaron de pagar esos créditos, según consta en sus talonarios de nomina, sin embargo la Secretaría de Salud no ha hecho llegar esos descuentos a la institución crediticia, que lógicamente les sigue exigiendo el pago y los mantiene sin deberla ni temerla, ‘marcados’ en el Buró de Crédito.
Por otro lado, señalaron a su dirigente sindical estatal José Luís Selvas Díaz, así como Uriel Vázquez B., que se desempeña como dirigente sindical en esta Región Costa, están bajo la sospecha de un presunto amasiato con las autoridades de salud, ya que no defienden ni ayudan a los trabajadores que pagan su cuota sindical, menos que luchen para mejorar muchas clínicas que carecen de lo más básico.
Por estas y algunas otras presuntas anomalías, piden a las nuevas autoridades que entrarán en ejercicio en diciembre de este año, hagan una investigación a conciencia para saber los motivos por los cuales las autoridades de salud, se niegan a pagarles sus últimos salarios y prestaciones, así como en dónde han ido a parar los millones de pesos que eran para ello y no aparecen.
Otros trabajadores que pusieron el grito en el cielo, fueron los de COAPATAP, quienes también realizaron un paro laboral y plantón frente a las oficinas centrales en la colonia 5 de Febrero, exigiendo una revisión salarial, pago de retroactivos y que se les informe sobre las deudas que existen con el IMSS por más de 50 millones de pesos, al igual que con INFONAVIT, Hacienda y proveedores.
Al menos unos 150 empleados sindicalizados de Coapatap, encabezados por Noel López Díaz, Secretario del Interior y Acción Política de sus sindicato, pidieron la revisión de su contrato colectivo, que aseguran, no se ha cumplido con el pago de retroactivos al incremento salarial desde enero a la fecha.
Manifestaron que el adeudo con el IMSS que mantiene el COAPATAP, se viene arrastrando de varias administraciones atrás, así como la actual, y que sólo cubren pequeñas cantidades para ‘taparle el ojo al macho’ y poder recibir el servicio.
En otros temas, cientos de padres de familia en el Soconusco, se quejan de los exagerados gastos que son obligados a realizar para que sus hijos puedan estudiar en escuelas públicas, cuando la Constitución Mexicana señala claramente en el artículo 3º. Fracción IV, que en México la educación será gratuita, laica, obligatoria y de calidad.
Sin embargo, miles de niños y jóvenes se quedan sin oportunidad de estudiar, debido a que sus padres no pueden pagar las exageradas cuotas de inscripción, ni los libros y materiales que les exigen bajo la amenaza de reprobar al estudiante que no llene esos requisitos.
Por si fuera poco, los padres de familia son obligados a hacer ‘talacha’ o sufragar otra cuota, para que se contraten personas que hagan el aseo del inmueble y limpieza de los patios de las escuelas; se supone que la Secretaría de Educación debería pagar personal de intendencia para realizar esas tareas.
