Diego Victorio
Grajales Yuca, de Presunto Culpable a Testigo Colaborador
El fiscal General de Chiapas Jorge Luis Llaven Abarca, en temas álgidos, no actúa por motu proprio, recibe órdenes de la cabeza más poderosa del Estado.
Cuando se especuló de que el subsecretario de Gobernanza, Giovanny Campos, había, a través de terceros, sugerido a Alcaldes de la región norte contratar servicios de su comercializadora, se descolgó el teléfono rojo para instruir al Fiscal se investigara al funcionario.
Cuando se filtró que en la Dirección del Registro Civil se había adquirido un presunto lote de equipo tecnológico aparentemente a sobre precio, de inmediato la orden a Llaven fue actuar contra el titular del organismo.
Si el ex subsecretario de Gobernanza, Giovanny Campos Amaya, fue vinculado a proceso por un supuesto conflicto de interés.
Si el ex director del Registro Civil, Héctor Buendía De León, fue destituido y procesado judicialmente por un presunto agravio al erario.
Entonces la lógica nos obliga a suponer que, el director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas(ISSTECH), Alberto Cundapí Núñez, pronto estará separado de su encargo y en serios problemas legales.
Si algo ha demostrado el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, es mano dura y el combate frontal a la corrupción.
Inclusive, el colofón en las reuniones de gabinete va en el sentido de que nadie debe estar por encima de la ley. Y el tono es de advertencia no de sugerencia.
Escandón Cadenas, no tolera las imprudencias ni excesos de los miembros de su gabinete.
Lo sabe el titular del Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación (ICTI), Helmer Ferras Coutiño quien, en las pasadas fiestas decembrinas en aparente estado etílico protagonizó un desliz en público.
Ese Affaire le valió una amonestación y sentencia de que no habría una segunda oportunidad para él.
El cero tolerancia ha cercenado cabezas de ministerios públicos, jefes de apoyo administrativo y funcionarios segundones que fueron descubiertos de abusar de la confianza de sus jefes.
Precedentes hay para proceder contra una supuesta mafia bien organizada que opera al interior del ISSTECH y que, al parecer, es liderada por Alberto Cundapí, director de la institución de salud.
Son horas las que nos podrían estar separando de que se esclarezca un escándalo de otras magnitudes, que podrían acaparar espacios en la prensa nacional.
Y es que el estatus del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, que sigue enfrentando el procesal domiciliario, es ahora de testigo colaborador.
Guardando las proporciones, Grajales Yuca tomará la apariencia del ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya Austin, quien ha empezado a soltar nombres como los del ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, por hipotéticos casos de sobornos y desvíos de dineros de la paraestatal.
En su condición de declarante protegido, se espera que Grajales Yuca, empiece a relatar lo que sucedía intramuros en el ISSTECH.
De acuerdo al marco jurídico dudo que se dé la liberación del urgenciólogo Vicente Grajales, como lo insinúa la defensoría del imputado.
Salvo que, las denuncias en su contra sean desestimadas por el juez que lo vinculó a proceso, así técnicamente estaría demostrando lo contrario de que se le acusa.
Porque liberarlo por un acuerdo -de escritorio- entre las partes, sería políticamente incorrecto.
Lo que sí es probable ocurra en los siguientes días es la vinculación a proceso de más médicos del ISSTECH implicados en las denuncias de abuso de poder, insisto, el brazo largo de la ley podría alcanzar a su director General Alberto Cundapí Núñez.
El caso de la sala VIP para pacientes COVID, aún tiene mucha cinta. Al Tiempo.
Comentarios Atrincherados
*** La que ha puesto el pecho para disuadir las manifestaciones es la secretaria de Seguridad, Gabriela Zepeda quien, ha hecho valer el Estado de Derecho, en los recientes actos de barbarie en la capital de Chiapas.
Gabriela es una oficial de carrera, de resultados, que ha sabido combinar la práctica con la academia.
Sin duda, su designación ha sido de las más reconocidas por el grueso social.
*** Carlitos Albores Constantino, jura no estar metido en política porque tiene la encomienda de cumplir -24/7 – en el Conalep.
Sin embargo, sus argumentos ruedan por el suelo cuando voces panistas confirman a este columnista de que los ha llamado para dejar solo con sus siglas al dirigente estatal de Acción Nacional Carlos Palomeque Archila.
***César Amín González Orantes, suspira por la alcaldía de Tapachula. El oriundo de Acapetahua acredita su residencia, pues ha vivido durante varios años en un lujoso fraccionamiento al sur de la ciudad, pero de eso a que sea un personaje con arraigo y base social en “La Perla del Soconusco”, nunca.
La última reunión que sostuvo fue con el ex dirigente municipal del PRI, Gil Lázaro González Trujillo, que debería estar más preocupado por solventar la cuenta pública de cuándo fue Síndico Municipal de Tapachula que andar pensando en grilla. HASTA PRONTO.
