Gloria Leticia Díaz
Más allá de un cambio de la narrativa del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, la expectativa de padres y madres de las víctimas es que se lleven a cabo detenciones clave que conduzcan a conocer el destino final de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace seis años, y que permitan sancionar a responsables de la manipulación de la indagatoria, alerta Santiago Aguirre Espinosa, representante de los familiares de los normalistas y director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En víspera de cumplirse seis años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, Aguirre Espinosa hace un balance sobre los avances, pendientes y preocupaciones que subsisten alrededor del caso, cuyo abordaje por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendría que ser tomado como ejemplo para atender las más de 75 mil desapariciones de personas que prevalecen en el país.
La entrevista con el director del Centro Prodh ocurre días después de que el presidente López Obrador se reunió con familiares de los jóvenes desaparecidos en Palacio Nacional, el viernes 11, encuentro en el que se anunció que el sábado 26 el mandatario dará un mensaje sobre el caso.
“Algunas voces dentro del gobierno federal han estado diciendo que se necesita una nueva narrativa del caso. Eso no les gusta a las familias, no es su expectativa; quieren verdad y justicia. Pero si una nueva narrativa es hacer un recuento de las diferencias entre la verdad histórica y lo que hoy sabemos, enumerar las actuaciones realizadas puede ser útil y relevante para la sociedad mexicana”, destaca Aguirre Espinosa.
Sin embargo, alerta que madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos no quieren que se pretenda construir una nueva narrativa “a partir de fuentes no consolidadas y dudosas, que pueden abonar a la incertidumbre y a la zozobra de las familias”.
Explica que la preocupación de que se construya una “nueva verdad histórica” se deriva de la filtración de la declaración de un testigo de identidad reservada, que aún no ha sido corroborada, aunque forma parte del expediente.
“El hecho de que se filtrara esa declaración lo interpretamos como que había una intencionalidad de decir que aquí hay un relato de cierre del caso, cuando todavía estaba madurándose”, agrega el defensor.
En la reunión del viernes 11, los padres y madres de los desaparecidos reiteraron al presidente esa inquietud, la misma que ya le habían manifestado en Julio. López Obrador se comprometió con los familiares de las víctimas a no precipitar el cierre del caso.
La versión, que aún no ha sido corroborada por la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, es la de un presunto integrante de Guerreros Unidos, quien dijo que la noche del 26 de Septiembre de 2014, integrantes de un grupo rival al suyo se habrían infiltrado entre los estudiantes; que la detención la operaron militares, policías municipales, estatales y federales; que los jóvenes fueron asesinados, “destazados” e incinerados en el crematorio de una funeraria; que los restos fueron esparcidos cerca de Iguala y Taxco y que quien coordinó el operativo había sido asesinado en 2018 (Proceso 2280).
Para el abogado de los familiares de los jóvenes desaparecidos, la forma tan desaseada como se llevó a cabo la investigación por parte de la extinta Procuraduría General de la República, “no permite reconstruir con precisión momento a momento qué es lo que ocurrió; ante esos huecos que todavía hoy tenemos, lo peor sería forzar una narrativa para llenarlos”.
Aguirre admite que el confinamiento declarado por la pandemia ha afectado desde procedimientos como el envío a la Universidad de Innsbruck de otros restos localizados en la Barranca de la Carnicería, donde se localizaron los de Christian Alfonso, ante la imposibilidad de volar a Austria, o el acercamiento de la Comisión para la Verdad con personas que están privadas de la libertad y podrían tener información sobre el paradero de los muchachos, ante las restricciones de visitas a los penales federales; de la misma manera, se ha convertido en una limitante para que los padres de los 43 normalistas lleven a cabo las manifestaciones que solían realizar cada mes. Proceso
