Se Regularizan o Cárcel a Exsocios del Rey Outsourcero

Tras las primeras 12 denuncias penales que se interpusieron por outsourcing ilegal, las empresas que habían contratado a uno de los grupos evasores más grandes que ofrecía ese servicio ya lo cancelaron, dijo el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda.
Eso es muestra de que están surtiendo efectos las acciones de las autoridades para el combate a la defraudación fiscal, afirmó en entrevista con EL UNIVERSAL el abogado de la Secretaría de Hacienda, que hoy firma un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) para el intercambio de información para perseguir delitos de defraudación que pudieran darse en los comicios.
Y en los próximos días la Procuraduría Fiscal de la Federación dará a conocer la Guía de Cumplimiento Fiscal Electoral, para que partidos políticos, las empresas y ciudadanos que participen sepan que toda actividad causa un impuesto y que deberán cumplir con sus obligaciones.
Sobre las empresas que habían contratado los servicios del grupo outsourcero, advirtió que lo que procede es regularizar su situación ante el IMSS y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y pagar el Impuesto Sobre Nómina local o, de lo contrario, atenerse las consecuencias penales.
«A uno de los grupos de outsourcing de los grandes le han rescindido los contratos que tenía con empresas de trabajadores por arriba de 5 mil empleados de varios sectores», mencionó.
No puedo hablar quién es, pero sí tiene un efecto, matizó.
«La señal es que el outsourcing ilegal ya se acabó. El que cometa delitos fiscales de tercerización con el nuevo esquema de simulación tendrán, aparte de la reforma penal fiscal de 2020, una calificativa adicional, con lo cual podrán llegar hasta 13 años y medio de prisión», apuntó.
Dijo que las empresas que contrataban esos servicios son culpables, porque hacen deducible ese gasto y acreditan el IVA; y eso significa que hay un pacto de los dos para no pagar como se debe.
Informó que ya presentaron las denuncias en los casos de evasión por outsourcing en la que aplica la reforma de 2020.
«Ya presentamos algunas de esas denuncias y en esas se podrá acreditar la defraudación fiscal como delincuencia organizada, y los delitos contra la seguridad nacional que nos va a permitir prisión preventiva oficiosa», mencionó sin dar más detalles por las restricciones del secreto fiscal.
Sin la reforma penal fiscal y el reforzamiento contra la evasión y defraudación a través de la subcontratación laboral, no se podría haber mantenido la recaudación de impuestos durante 2020, cuando la pandemia por el Covid-19 provocó la caída de la economía, ponderó.
En el contexto de la presentación de su libro El outsourcing, tercerización o subcontratación laboral, Carlos Romero, dijo al Gran Diario de México que en lo que va del presente sexenio de la Cuarta Transformación hay un cambio, porque las reformas para evitar que los grupos delincuenciales sigan evadiendo el pago de contribuciones están teniendo un efecto inhibitorio.
Una muestra, señaló, es que las empresas que tenían contratados los servicios de outsourcing con uno de los grupos defraudadores más fuertes en el país ya rompieron relaciones, porque saben que es ilegal lo que están haciendo.
Las Denuncias.
En cuanto a las factureras, el Procurador Fiscal comentó que trabajan varios casos. En uno de ellos, explicó, analizan el desvío de recursos públicos por esa vía, el cual se va a llegar a las cabezas del grupo delictivo.
Refirió que tienen otros en el que el SAT presentó 43 denuncias y la Procuraduría Fiscal otras siete por defraudación fiscal contra los que recibieron dinero vía el esquema de asimilados a salarios, el régimen fiscal para personas físicas que dan servicios profesionales a una empresa, o incluso a otra persona, de manera esporádica o temporal, sin otorgarle prestaciones de ley.
En desvíos de recursos por cerca de 3 mil millones de Pesos se interpusieron 10 querellas por casos que se cometieron en la administración pasada entre 2015 y 2016, precisó.
Explicó que si bien podría haber la obligación de la reparación del daño, no tendrán la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio, porque amerita prisión preventiva oficiosa, ya que se está acreditando defraudación fiscal y delincuencia organizada.
«El facturero jamás va a tener un acuerdo reparatorio, porque lo va a volver hacer; pero el que compró el producto que recibió los sueldos asimilados, el que compró las facturas se puede regularizar y podría ser mediante un acuerdo reparatorio, es decir, al que compró el producto», expuso el Procurador. Sun