María Ramos Casiano
La elevación a derecho constitucional de la educación superior es un logro importante que refleja una de las demandas más sentidas en la sociedad, por ello formó parte de las reformas a los artículos 3º, 31 y 73 de nuestra Constitución; que en espíritu buscaban el cumplimiento de un derecho social, y el Estado asumiéndolo como obligación.
Para garantizar estos cambios, el siguiente paso requería modificaciones en las leyes secundarias, la expectativa era una ruptura con las políticas educativas neoliberales, la apertura a diálogos y participación social, que no es cosa menor si dimensionamos el impacto de la exclusión educativa en las últimas décadas, caracterizado por falta de financiamiento, reducción presupuestal, plantas docentes precarizadas, restricciones de ingreso para miles de jóvenes al nivel superior.
Aunque a decir de sus promotores la ley se construyó a partir de una gran consulta, en realidad se diseñó con las aportaciones e incidencia de la ANUIES, de los sectores empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, y de un pacto político de partidos que actúan en el Congreso, a excepción del PT, y algunos legisladores de Morena que votaron en contra.
Las y los congresistas celebran su aprobación resaltando cuatro temas en particular: 1) Universalidad y gratuidad; 2) Blindaje a la autonomía universitaria; 3) Mayores controles para normar al sector privado; 4) Conformación de subsistemas en el Sistema de Nacional de Educación Superior, así como la creación de un Consejo Nacional integrado por funcionarios principalmente de la SEP, rectores, titulares de instituciones públicas y privadas del país. En ese orden, vale detenerse a analizar los cuatro puntos en particular.
El acceso universal y la gratuidad son retóricos, ya que se establece sólo para aquellos jóvenes que cumplan los requisitos establecidos por cada institución, es decir, no todos ingresarán a las universidades. La gratuidad se acota a la disponibilidad de presupuestos y, por ello, los legisladores se cuidan al señalar que será «gradual a partir de 2022».
Con el blindaje de la autonomía se determina que los congresos estatales consulten a los órganos de gobierno universitarios cualquier modificación en sus leyes orgánicas. Sin embargo, la Ley en su conjunto genera formas nuevas de control del Gobierno Federal y estatales, incluso por encima de las formas colegiadas establecidas en las universidades.
Sobre los puntos 3 y 4 se instituye una «nueva gobernanza» reorganizando y centralizando el poder en la educación superior a favor de la SEP y gobiernos estatales, para definir directrices y coordinación con las instituciones públicas y privadas, lo cual abre nuevas puertas de intervención para las instituciones privadas en pro de la «excelencia».
La moneda sigue en el aire, o se cumple con la misión de formar a profesionistas, científicos, científicas con un sentido crítico y humanista que respondan a las transformaciones que nuestros tiempos demandan. O el Ejecutivo y Congreso continúan reproduciendo una educación al servicio del mercado. Toca a la sociedad plantear las alternativas y demandar una educación superior que incidan en el desarrollo social, político y económico del país. Sun
