Ana Lilia Herrera Anzaldo
Los utilizan porque son los más vulnerables, porque no levantan sospechas y porque, a los ojos del crimen organizado, son desechables y prescindibles: datos oficiales revelan que en México, al menos 460 mil niñas, niños y adolescentes, han sido reclutados por la delincuencia organizada para actividades directas o indirectas.
Están expuestos porque carecen de la protección y los cuidados que el entorno familiar debería proveerles, pero también por causas estructurales que el Estado mexicano no resuelve, como la pobreza, la falta de acceso a derechos tan básicos como la educación y la salud, así como por la desigualdad y la violencia de género que persisten y la carencia de políticas públicas.
En esas circunstancias, unirse a un grupo delictivo, más que un riesgo, es visto por las y los menores como una oportunidad de pertenencia a un grupo, de ganar dinero y encima, lograr “respeto y reconocimiento”, aunque sea efímero, porque saben que la cárcel o la muerte, son destinos seguros.
Afectados en sus derechos y su desarrollo, la niñez y la adolescencia en México son vistos como victimarios, por un sistema político, social y familiar incapaz de reconocer que antes fueron víctimas de la delincuencia organizada.
En la Cámara de Diputados, un grupo plural de legisladores presentamos un par de iniciativas en materia de reclutamiento ilícito de menores por grupos delictivos, un tema impulsado y analizado desde hace varios años por organizaciones como Reinserta y la Red de Derechos por la Infancia (Redim).
Suscritas por Yolanda de la Torre, Andrea Chávez, Fernando Felipe Macías y yo, las iniciativas se proponen reformar la Ley General para Prevenir Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para tipificar el delito de reclutamiento ilícito y establecer las características de esta conducta delictiva sancionando a quien reclute, obligue e induzca a menores de edad a una actividad ilícita.
Asimismo, se aumentan las penas en una mitad cuando se trate de delitos relacionados con la delincuencia organizada y lo más importante es que se reconoce a los menores inmersos en esta problemática, como víctimas.
Uno de los elementos más relevantes de la propuesta es que establece que el reclutamiento ilícito de menores puede darse con o sin el consentimiento del menor. Esto porque, de conformidad con el estudio de REDIM, se parte del “supuesto y consideración de que entre el reclutador y la niñez existe un desequilibrio de poder, ya que los miembros del grupo delictivo cuentan con el respaldo de éste, por lo que la distinción entre el reclutamiento “voluntario” y el forzado se vuelve legalmente irrelevante en la construcción del tipo penal y no debe ser considerado atenuante.”
Nuestras iniciativas establecen la necesidad de integrar las Procuradurías de Protección de NNA, en el sistema integral de justicia penal para adolescentes, lo que ayudará a que se garantice la protección de las niñas y niños involucrados en la materia.
La solución a un problema tan grave como creciente en nuestra sociedad, exige más que reformas legales, presupuestos y políticas públicas como las Escuelas de Tiempo Completo, por ejemplo, que habían demostrado su eficacia para arraigar a los menores al sistema educativo y cuya restitución seguiremos exigiendo.
Es urgente poner freno al reclutamiento de menores en México y volcarnos sociedad y gobierno a brindarles el amor y la protección que requieren, advertidos como estamos por el proverbio africano: “El niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para sentir su calor”. SUN
