viernes, octubre 7, 2022
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INDICADOR POLÍTICO

Reformas: qué Estructura Contra
el Poder Cuasimilitar del Crimen
Por Carlos Ramírez

El error estratégico en el debate político y partidista de las reformas que involucran al sector generalizado de la seguridad interior ha radicado en el universo limitado de darle mayor o menor presencia a las Fuerzas Armadas regulares en tareas de seguridad pública que tienen que ver con la estabilidad socio-política y la soberanía de la República.
El registro que deslizó de manera pública la iniciativa para adscribir a la Guardia Nacional a la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional no ha sido evaluada en los debates parlamentarios: la existencia en México de un sector criminal en modo de poder cuasimilitar, es decir, si se contextualiza la afirmación gubernamental, un sector delictivo que le disputa hegemonía al Estado y a las instituciones, que tiene invadida toda La República y que su capacidad de fuego solo puede ser encarada por una asociación de la Guardia Nacional con el Ejército.
Asimismo, de manera engañosa, la oposición se ha negado a discutir el tema de la crisis de la seguridad pública en el escenario de su articulación con las otras dos seguridades: la interior y la nacional, de tal manera que se ha eludido la existencia de un crimen organizado que está quitándole dominio soberano al Estado en porciones del territorio nacional.
El problema real no radica en saber si la Guardia debe ser tutelada por la Sedena o si las Fuerzas Armadas regulares deben permanecer cuatro o cinco años más en labores de apoyo a la seguridad pública por la crisis de seguridad interior, sino contextualizar las dos iniciativas en el escenario que prevalece como trasfondo del conflicto: una reordenación integral del marco jurídico y de la estructura operativa de las organizaciones de seguridad del Estado para enfrentar la presencia creciente de la inseguridad armada en todo el país.
Aunque parece no haber tiempo legislativo por la aprobación urgente de las reformas en el pleno del Senado, debe quedar consignado que la función de la Guardia y de las Fuerzas Armadas seguirá requiriendo de un marco jurídico-operativo-social en los siguientes temas: una ley de seguridad interior, reglas para el funcionamiento de la Guardia Nacional en delitos de fuero común que le corresponden a las autoridades estatales y municipales, un diagnóstico oficial del mapa de la criminalidad en la República, un plan anual operativo de seguridad, una reforma estructural para remodelar las policías locales y el prometido y no cumplido programa para la seguridad nacional.
La Guardia Nacional no estará funcional en cinco años y es poco probable que ni siquiera en diez, si es que acaso se quiere de un cuerpo con capacidad y autonomía para enfrentar al crimen organizado y a la delincuencia desorganizada. Sacar a las Fuerzas Armadas del apoyo a la seguridad pública en plena crisis de seguridad interior no es más que una señal positiva para el crimen y la delincuencia que están esperando más acotamientos a las estructuras gubernamentales de seguridad.
No se pueden discutir restricciones a la GN y a las Fuerzas Armadas sin tener antes un diagnóstico de la situación en la que se encuentran las bandas delictivas, aunque con la caracterización de poder cuasimilitar dio el gobierno federal en dos palabras la magnitud del enemigo al que se enfrenta: las bandas delictivas tienen violencia sin límite, armas, delincuentes dispuestos a todo y una ofensiva en acto que se refleja en las cifras mensuales anuales o quinquenales de la inseguridad en toda la República.
Si estructuras del Estado –gobierno y legisladores– no son capaces de ver el bosque completo, entonces las limitaciones a las fuerzas federales de seguridad se están convirtiendo en una buena noticia para el crimen organizado y la delincuencia desorganizada porque hay más persecución de policías y militares por parte de la sociedad y las instituciones legislativas que más leyes y más duras contra los delincuentes. Lo que está en disputa no son los derechos humanos, sino la soberanía territorial del Estado ahora cuarteada por el control regional del narco y la delincuencia de partes de la República y por la violencia criminal facilitada por el acotamiento del uso de la fuerza pública.
En síntesis: las policías estatales y municipales, la GN, las Fuerzas Armadas y todo el aparato de Justicia se enfrenta al poder cuasimilitar del crimen organizado.
Política para dummies: La política está para prever conflictos no para beneficiarlos.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
[email protected]
http://elindependiente.com.mx
@carlosramirezh
Canal YouTube: https://t.co/2cCgm1Sjgh

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El error estratégico en el debate político y partidista de las reformas que involucran al sector generalizado de la seguridad interior ha radicado en el universo limitado de darle mayor o menor presencia a las Fuerzas Armadas regulares en tareas de seguridad pública que tienen que ver con la estabilidad socio-política y la soberanía de la República.
El registro que deslizó de manera pública la iniciativa para adscribir a la Guardia Nacional a la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional no ha sido evaluada en los debates parlamentarios: la existencia en México de un sector criminal en modo de poder cuasimilitar, es decir, si se contextualiza la afirmación gubernamental, un sector delictivo que le disputa hegemonía al Estado y a las instituciones, que tiene invadida toda La República y que su capacidad de fuego solo puede ser encarada por una asociación de la Guardia Nacional con el Ejército.
Asimismo, de manera engañosa, la oposición se ha negado a discutir el tema de la crisis de la seguridad pública en el escenario de su articulación con las otras dos seguridades: la interior y la nacional, de tal manera que se ha eludido la existencia de un crimen organizado que está quitándole dominio soberano al Estado en porciones del territorio nacional.
El problema real no radica en saber si la Guardia debe ser tutelada por la Sedena o si las Fuerzas Armadas regulares deben permanecer cuatro o cinco años más en labores de apoyo a la seguridad pública por la crisis de seguridad interior, sino contextualizar las dos iniciativas en el escenario que prevalece como trasfondo del conflicto: una reordenación integral del marco jurídico y de la estructura operativa de las organizaciones de seguridad del Estado para enfrentar la presencia creciente de la inseguridad armada en todo el país.
Aunque parece no haber tiempo legislativo por la aprobación urgente de las reformas en el pleno del Senado, debe quedar consignado que la función de la Guardia y de las Fuerzas Armadas seguirá requiriendo de un marco jurídico-operativo-social en los siguientes temas: una ley de seguridad interior, reglas para el funcionamiento de la Guardia Nacional en delitos de fuero común que le corresponden a las autoridades estatales y municipales, un diagnóstico oficial del mapa de la criminalidad en la República, un plan anual operativo de seguridad, una reforma estructural para remodelar las policías locales y el prometido y no cumplido programa para la seguridad nacional.
La Guardia Nacional no estará funcional en cinco años y es poco probable que ni siquiera en diez, si es que acaso se quiere de un cuerpo con capacidad y autonomía para enfrentar al crimen organizado y a la delincuencia desorganizada. Sacar a las Fuerzas Armadas del apoyo a la seguridad pública en plena crisis de seguridad interior no es más que una señal positiva para el crimen y la delincuencia que están esperando más acotamientos a las estructuras gubernamentales de seguridad.
No se pueden discutir restricciones a la GN y a las Fuerzas Armadas sin tener antes un diagnóstico de la situación en la que se encuentran las bandas delictivas, aunque con la caracterización de poder cuasimilitar dio el gobierno federal en dos palabras la magnitud del enemigo al que se enfrenta: las bandas delictivas tienen violencia sin límite, armas, delincuentes dispuestos a todo y una ofensiva en acto que se refleja en las cifras mensuales anuales o quinquenales de la inseguridad en toda la República.
Si estructuras del Estado –gobierno y legisladores– no son capaces de ver el bosque completo, entonces las limitaciones a las fuerzas federales de seguridad se están convirtiendo en una buena noticia para el crimen organizado y la delincuencia desorganizada porque hay más persecución de policías y militares por parte de la sociedad y las instituciones legislativas que más leyes y más duras contra los delincuentes. Lo que está en disputa no son los derechos humanos, sino la soberanía territorial del Estado ahora cuarteada por el control regional del narco y la delincuencia de partes de la República y por la violencia criminal facilitada por el acotamiento del uso de la fuerza pública.
En síntesis: las policías estatales y municipales, la GN, las Fuerzas Armadas y todo el aparato de Justicia se enfrenta al poder cuasimilitar del crimen organizado.
Política para dummies: La política está para prever conflictos no para beneficiarlos.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
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El registro que deslizó de manera pública la iniciativa para adscribir a la Guardia Nacional a la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional no ha sido evaluada en los debates parlamentarios: la existencia en México de un sector criminal en modo de poder cuasimilitar, es decir, si se contextualiza la afirmación gubernamental, un sector delictivo que le disputa hegemonía al Estado y a las instituciones, que tiene invadida toda La República y que su capacidad de fuego solo puede ser encarada por una asociación de la Guardia Nacional con el Ejército.
Asimismo, de manera engañosa, la oposición se ha negado a discutir el tema de la crisis de la seguridad pública en el escenario de su articulación con las otras dos seguridades: la interior y la nacional, de tal manera que se ha eludido la existencia de un crimen organizado que está quitándole dominio soberano al Estado en porciones del territorio nacional.
El problema real no radica en saber si la Guardia debe ser tutelada por la Sedena o si las Fuerzas Armadas regulares deben permanecer cuatro o cinco años más en labores de apoyo a la seguridad pública por la crisis de seguridad interior, sino contextualizar las dos iniciativas en el escenario que prevalece como trasfondo del conflicto: una reordenación integral del marco jurídico y de la estructura operativa de las organizaciones de seguridad del Estado para enfrentar la presencia creciente de la inseguridad armada en todo el país.
Aunque parece no haber tiempo legislativo por la aprobación urgente de las reformas en el pleno del Senado, debe quedar consignado que la función de la Guardia y de las Fuerzas Armadas seguirá requiriendo de un marco jurídico-operativo-social en los siguientes temas: una ley de seguridad interior, reglas para el funcionamiento de la Guardia Nacional en delitos de fuero común que le corresponden a las autoridades estatales y municipales, un diagnóstico oficial del mapa de la criminalidad en la República, un plan anual operativo de seguridad, una reforma estructural para remodelar las policías locales y el prometido y no cumplido programa para la seguridad nacional.
La Guardia Nacional no estará funcional en cinco años y es poco probable que ni siquiera en diez, si es que acaso se quiere de un cuerpo con capacidad y autonomía para enfrentar al crimen organizado y a la delincuencia desorganizada. Sacar a las Fuerzas Armadas del apoyo a la seguridad pública en plena crisis de seguridad interior no es más que una señal positiva para el crimen y la delincuencia que están esperando más acotamientos a las estructuras gubernamentales de seguridad.
No se pueden discutir restricciones a la GN y a las Fuerzas Armadas sin tener antes un diagnóstico de la situación en la que se encuentran las bandas delictivas, aunque con la caracterización de poder cuasimilitar dio el gobierno federal en dos palabras la magnitud del enemigo al que se enfrenta: las bandas delictivas tienen violencia sin límite, armas, delincuentes dispuestos a todo y una ofensiva en acto que se refleja en las cifras mensuales anuales o quinquenales de la inseguridad en toda la República.
Si estructuras del Estado –gobierno y legisladores– no son capaces de ver el bosque completo, entonces las limitaciones a las fuerzas federales de seguridad se están convirtiendo en una buena noticia para el crimen organizado y la delincuencia desorganizada porque hay más persecución de policías y militares por parte de la sociedad y las instituciones legislativas que más leyes y más duras contra los delincuentes. Lo que está en disputa no son los derechos humanos, sino la soberanía territorial del Estado ahora cuarteada por el control regional del narco y la delincuencia de partes de la República y por la violencia criminal facilitada por el acotamiento del uso de la fuerza pública.
En síntesis: las policías estatales y municipales, la GN, las Fuerzas Armadas y todo el aparato de Justicia se enfrenta al poder cuasimilitar del crimen organizado.
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