sábado, noviembre 26, 2022
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INDICADOR POLÍTICO

Jugar al Comité Selecto de
Inteligencia, Pero sin Autoridad
Carlos Ramírez

El principal error de origen de las supuestas reformas legislativas en el Senado a la reforma militar se localiza en la propuesta de decisiones solo para aprobar la minuta, pero muy lejos -demasiado- de la posibilidad de haber construido una nueva estructura de seguridad para la supervisión, vigilancia y control del Legislativo sobre el Ejecutivo.
El modelo de control constitucional legislativo sobre el Ejecutivo -que es la base de la división de Poderes propuesta por el barón de Montesquieu- no será funcional en materia de seguridad, en tanto no se redefina el nuevo marco jurídico para la regulación de las tres seguridades: pública, interior y nacional.
Inclusive, la pomposa comisión bicameral carece de funcionalidad operativa, pues su función no será de vigilancia ni de regulación, sino solo para el análisis y dictamen de los informes de seguridad que tendrán que entregarse a partir del primer trimestre del 2023. Y, por si fuera poco, la comisión tendrá la facultad constitucional -para hacerla más pomposa- de poder “convocar, si así lo requiere”, a los titulares de las secretarías de gobernación, seguridad y protección ciudadana, Defensa Nacional y Marina. Si no lo requiere, pues no.
Nada más.
En el sistema de división y control de poderes en el régimen político de Estados Unidos -que debería saber cualquier profesor otro doctor de Derecho Constitucional de la UNAM- existe un comité selecto de inteligencia que se encarga de controlar de manera legal y tiene facultades para marcar vista a las autoridades penales en términos de demandas que pudieran llevar a prisión, además de que el instrumento de control legislativo radica en el control estricto del presupuesto por el Legislativo y no por el Ejecutivo.
La improvisación en la búsqueda de una salida de emergencia para aprobar la minuta, el Senado se sacó de la manga la facultad de esta comisión bicameral para realizar un dictamen que determine la decisión para señalar a “aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas”, además de fijar al cumplimiento del plazo establecido para su presencia.
En este sentido, la comisión bicameral se convertirá en una especie de subsidiaria del gabinete de seguridad del Gobierno federal porque impondrá autorizaciones y restricciones al manejo de tropas para combatir la inseguridad. La invalidada Ley de Seguridad Interior tenía con mucha claridad el mecanismo por el cual autoridades municipales y estatales podrían solicitar por escrito a la autoridad federal el desplazamiento de tropas, aportando elementos locales de indagatorias específicas para probar qué las estructuras estatales de seguridad eran incapaces o habían sido rebasadas.
Además del involucramiento de la comisión bicameral de seguridad en la estructura del Poder Ejecutivo, el dictamen aprobado en el Senado para extender la presencia de los militares en las calles por seguridad pública asume una vigilancia del Congreso sobre la estrategia de seguridad nacional, una función obvia que no necesitaba ninguna reconfirmación legal, pero que solo demostró que en todos estos años de crisis de seguridad el Congreso se había quedado al margen por incapacidad propia.
Y a pesar de que el Senado refleja la verdadera representación nacional de la República, también ha sido reacio a meter las manos con seriedad en las finanzas públicas presupuestales para garantizar partidas que vayan etiquetadas al mejoramiento de la calidad y capacidad de las seguridades públicas locales. Y ahora se saca de la manga el mandato constitucional para crear un fondo de apoyo a las entidades federativas y municipios para el fortalecimiento de la seguridad pública, aunque a partir de 2024 porque el 2023 está fiscalmente perdido. No hay un cálculo concreto del monto del fondo, pero los primeros cálculos podrían estar hablando de cientos de miles de millones de Pesos para un presupuesto raquítico que solo responde a los intereses directos del presidente de la República y no a la economía nacional.
De paso, el Senado obligará a los Gobiernos Estatales a replicar la decisión y crear un fondo estatal para destinar recursos económicos a la profesionalización y capacitación de las policías municipales.
La nueva minuta del Senado será aprobada por la Cámara de Diputados sin cambiarle ninguna coma y se pondrá en funcionamiento con todas las irregularidades, confusiones y complicaciones, con la certeza de que el Congreso carece de fuerza, institucionalidad y autonomía como para convertirse en una instancia de control constitucional del Ejecutivo.
Política Para Dummies: La política es el sueño de los injustos.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
[email protected]

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El principal error de origen de las supuestas reformas legislativas en el Senado a la reforma militar se localiza en la propuesta de decisiones solo para aprobar la minuta, pero muy lejos -demasiado- de la posibilidad de haber construido una nueva estructura de seguridad para la supervisión, vigilancia y control del Legislativo sobre el Ejecutivo.
El modelo de control constitucional legislativo sobre el Ejecutivo -que es la base de la división de Poderes propuesta por el barón de Montesquieu- no será funcional en materia de seguridad, en tanto no se redefina el nuevo marco jurídico para la regulación de las tres seguridades: pública, interior y nacional.
Inclusive, la pomposa comisión bicameral carece de funcionalidad operativa, pues su función no será de vigilancia ni de regulación, sino solo para el análisis y dictamen de los informes de seguridad que tendrán que entregarse a partir del primer trimestre del 2023. Y, por si fuera poco, la comisión tendrá la facultad constitucional -para hacerla más pomposa- de poder “convocar, si así lo requiere”, a los titulares de las secretarías de gobernación, seguridad y protección ciudadana, Defensa Nacional y Marina. Si no lo requiere, pues no.
Nada más.
En el sistema de división y control de poderes en el régimen político de Estados Unidos -que debería saber cualquier profesor otro doctor de Derecho Constitucional de la UNAM- existe un comité selecto de inteligencia que se encarga de controlar de manera legal y tiene facultades para marcar vista a las autoridades penales en términos de demandas que pudieran llevar a prisión, además de que el instrumento de control legislativo radica en el control estricto del presupuesto por el Legislativo y no por el Ejecutivo.
La improvisación en la búsqueda de una salida de emergencia para aprobar la minuta, el Senado se sacó de la manga la facultad de esta comisión bicameral para realizar un dictamen que determine la decisión para señalar a “aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas”, además de fijar al cumplimiento del plazo establecido para su presencia.
En este sentido, la comisión bicameral se convertirá en una especie de subsidiaria del gabinete de seguridad del Gobierno federal porque impondrá autorizaciones y restricciones al manejo de tropas para combatir la inseguridad. La invalidada Ley de Seguridad Interior tenía con mucha claridad el mecanismo por el cual autoridades municipales y estatales podrían solicitar por escrito a la autoridad federal el desplazamiento de tropas, aportando elementos locales de indagatorias específicas para probar qué las estructuras estatales de seguridad eran incapaces o habían sido rebasadas.
Además del involucramiento de la comisión bicameral de seguridad en la estructura del Poder Ejecutivo, el dictamen aprobado en el Senado para extender la presencia de los militares en las calles por seguridad pública asume una vigilancia del Congreso sobre la estrategia de seguridad nacional, una función obvia que no necesitaba ninguna reconfirmación legal, pero que solo demostró que en todos estos años de crisis de seguridad el Congreso se había quedado al margen por incapacidad propia.
Y a pesar de que el Senado refleja la verdadera representación nacional de la República, también ha sido reacio a meter las manos con seriedad en las finanzas públicas presupuestales para garantizar partidas que vayan etiquetadas al mejoramiento de la calidad y capacidad de las seguridades públicas locales. Y ahora se saca de la manga el mandato constitucional para crear un fondo de apoyo a las entidades federativas y municipios para el fortalecimiento de la seguridad pública, aunque a partir de 2024 porque el 2023 está fiscalmente perdido. No hay un cálculo concreto del monto del fondo, pero los primeros cálculos podrían estar hablando de cientos de miles de millones de Pesos para un presupuesto raquítico que solo responde a los intereses directos del presidente de la República y no a la economía nacional.
De paso, el Senado obligará a los Gobiernos Estatales a replicar la decisión y crear un fondo estatal para destinar recursos económicos a la profesionalización y capacitación de las policías municipales.
La nueva minuta del Senado será aprobada por la Cámara de Diputados sin cambiarle ninguna coma y se pondrá en funcionamiento con todas las irregularidades, confusiones y complicaciones, con la certeza de que el Congreso carece de fuerza, institucionalidad y autonomía como para convertirse en una instancia de control constitucional del Ejecutivo.
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El modelo de control constitucional legislativo sobre el Ejecutivo -que es la base de la división de Poderes propuesta por el barón de Montesquieu- no será funcional en materia de seguridad, en tanto no se redefina el nuevo marco jurídico para la regulación de las tres seguridades: pública, interior y nacional.
Inclusive, la pomposa comisión bicameral carece de funcionalidad operativa, pues su función no será de vigilancia ni de regulación, sino solo para el análisis y dictamen de los informes de seguridad que tendrán que entregarse a partir del primer trimestre del 2023. Y, por si fuera poco, la comisión tendrá la facultad constitucional -para hacerla más pomposa- de poder “convocar, si así lo requiere”, a los titulares de las secretarías de gobernación, seguridad y protección ciudadana, Defensa Nacional y Marina. Si no lo requiere, pues no.
Nada más.
En el sistema de división y control de poderes en el régimen político de Estados Unidos -que debería saber cualquier profesor otro doctor de Derecho Constitucional de la UNAM- existe un comité selecto de inteligencia que se encarga de controlar de manera legal y tiene facultades para marcar vista a las autoridades penales en términos de demandas que pudieran llevar a prisión, además de que el instrumento de control legislativo radica en el control estricto del presupuesto por el Legislativo y no por el Ejecutivo.
La improvisación en la búsqueda de una salida de emergencia para aprobar la minuta, el Senado se sacó de la manga la facultad de esta comisión bicameral para realizar un dictamen que determine la decisión para señalar a “aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas”, además de fijar al cumplimiento del plazo establecido para su presencia.
En este sentido, la comisión bicameral se convertirá en una especie de subsidiaria del gabinete de seguridad del Gobierno federal porque impondrá autorizaciones y restricciones al manejo de tropas para combatir la inseguridad. La invalidada Ley de Seguridad Interior tenía con mucha claridad el mecanismo por el cual autoridades municipales y estatales podrían solicitar por escrito a la autoridad federal el desplazamiento de tropas, aportando elementos locales de indagatorias específicas para probar qué las estructuras estatales de seguridad eran incapaces o habían sido rebasadas.
Además del involucramiento de la comisión bicameral de seguridad en la estructura del Poder Ejecutivo, el dictamen aprobado en el Senado para extender la presencia de los militares en las calles por seguridad pública asume una vigilancia del Congreso sobre la estrategia de seguridad nacional, una función obvia que no necesitaba ninguna reconfirmación legal, pero que solo demostró que en todos estos años de crisis de seguridad el Congreso se había quedado al margen por incapacidad propia.
Y a pesar de que el Senado refleja la verdadera representación nacional de la República, también ha sido reacio a meter las manos con seriedad en las finanzas públicas presupuestales para garantizar partidas que vayan etiquetadas al mejoramiento de la calidad y capacidad de las seguridades públicas locales. Y ahora se saca de la manga el mandato constitucional para crear un fondo de apoyo a las entidades federativas y municipios para el fortalecimiento de la seguridad pública, aunque a partir de 2024 porque el 2023 está fiscalmente perdido. No hay un cálculo concreto del monto del fondo, pero los primeros cálculos podrían estar hablando de cientos de miles de millones de Pesos para un presupuesto raquítico que solo responde a los intereses directos del presidente de la República y no a la economía nacional.
De paso, el Senado obligará a los Gobiernos Estatales a replicar la decisión y crear un fondo estatal para destinar recursos económicos a la profesionalización y capacitación de las policías municipales.
La nueva minuta del Senado será aprobada por la Cámara de Diputados sin cambiarle ninguna coma y se pondrá en funcionamiento con todas las irregularidades, confusiones y complicaciones, con la certeza de que el Congreso carece de fuerza, institucionalidad y autonomía como para convertirse en una instancia de control constitucional del Ejecutivo.
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