Ivonne Ortega Pacheco
(Coordinadora Nacional de Enlace Político de Movimiento Ciudadano)
Hasta el momento, la filtración más polémica acerca de las acciones dentro de la «estrategia» de seguridad del Gobierno Federal, no vino del hackeo Guacamayaleaks, sino de un exfuncionario de la 4T.
Manuel Espino Barrientos, quien se desempeñó como comisionado del Servicio de Protección Federal bajo el mando de Alfonso Durazo Montaño, reveló este jueves que propuso al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pactar con grupos del crimen organizado, y posteriormente envió mensajes a dichos grupos, dos de los cuales incluso le respondieron.
En sus propias palabras, Espino dijo en un foro organizado por el Senado que se propuso a los delincuentes dialogar «atendiendo a sus intereses también, los tienen».
No es parte de una película policiaca ni de una narcoserie, es la triste realidad de la política pública del régimen mexicano, una derivación del «abrazos, no balazos».
Ante tamaña afirmación cabría preguntarnos, ¿qué ofrecería el Gobierno Federal como moneda de cambio para acordar con el crimen? Un trueque a esos niveles de entendimiento necesariamente implica el perdón, o al menos el olvido temporal o permanente de agravios y delitos.
De otra forma, ¿por qué dos organizaciones delictivas aceptaron el llamado al «diálogo» para hablar de intereses mutuos criminales-gobierno?
Hay voces que intentan justificar tal despropósito argumentando que en otras latitudes se ha llegado a acuerdos con las guerrillas, y que el propio Estado Mexicano, en la época del presidente José López Portillo, decretó una amnistía a guerrilleros y grupos subversivos que operaban en la clandestinidad, mismos que conformaron partidos políticos, ante la reforma político-electoral de entonces, de la cual resultó la famosa Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE).
Pero para nada son cuestiones comparables, mucho menos son la misma cosa.
Las negociaciones de países con grupos guerrilleros o las propias conversaciones y posterior amnistía del Estado Mexicano a combatientes de guerrillas, se dio como una conciliación entre grupos que buscaban el poder por la fuerza de las armas y el propio Estado, para apaciguar al país y dar cauce a dichas fuerzas de forma institucional.
El historial de enfrentamiento de dichos grupos con el gobierno a partir de acciones de represión como la del 68, avala la intención de acordar la concordia entre grupos de ciudadanos con ideologías distintas sin que mediase violencia. Así se formó parte importante del actual sistema de partidos políticos, en una de las consecuencias de la amnistía y apego a la ley.
Los grupos del crimen organizado no buscan el poder público para servir a la gente, ni para establecer una ideología política. Quieren el control de territorios para delinquir. Y en el camino han violentado, secuestrado, asesinado personas, han arruinado patrimonios y han sumido en el caos a regiones enteras del país.
Los delincuentes tienen sus intereses, coincido. Pero tales intereses no son lícitos ni aceptables para una sociedad democrática. Solo pensar que el Estado Mexicano haya considerado sentarse a un diálogo a partir de «atender a sus intereses» mutuos, desconcierta, alarma y genera repudio.
Al crimen se le combate, al delito se le castiga, a los criminales se les persigue, juzga y sanciona conforme a nuestras leyes. No hay más.
Al final del día, el secretario López Hernández dijo que tan solo escuchó a Espino pero no le dio «una respuesta precisa». Es decir, no le dijo que no. El caso es que Espino procedió a enviar las «invitaciones», y recibió respuestas. ¿Qué pasó con esas respuestas?
Una más del régimen, quizá la más ofensiva para tantas víctimas en un país con heridas abiertas por la violencia del crimen organizado. Solo espero que el asunto se aclare, se hable con toda la verdad y se cancele esa vía de «entendimiento», porque en realidad solo es la claudicación del Estado ante la delincuencia. Una más. Sun
