Miguel Carbonell
Abogado Constitucionalista
La semana pasada el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación zanjó, por el momento, la discusión sobre la polémica figura de la prisión preventiva que se impone de forma automática («oficiosa», se le llama). Varios de los integrantes de la Corte consideraron, de la mano del excelente y muy sólido proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales, que privar de la libertad a una persona que es presumida inocente, sin tomar en cuenta las circunstancias específicas del caso en el que está siendo acusado, es violatorio de los derechos humanos.
El debate en la Corte no logró reunir la votación necesaria para acabar de una vez por todas con la figura de la prisión preventiva oficiosa, pero al menos se pudo alcanzar una contundente votación de 9 votos a favor (sobre un total de 11 integrantes del Tribunal Pleno) para considerar que es inconstitucional imponerla en el caso de los delitos fiscales.
En los análisis sobre el fallo de la Suprema Corte abundaron los comentarios desinformados, de acuerdo con los cuales se estaba evitando el castigo para los denominados «factureros» y se estaba protegiendo a quienes cometen delitos de carácter fiscal. Nada de eso es cierto. La responsabilidad penal por defraudaciones fiscales está prevista en las leyes vigentes y ha sido definida por el Poder Legislativo federal.
Lo que la Corte resolvió, muy atinadamente, es que mientras a las personas acusadas por esos delitos se les sigue un proceso penal, no estén privadas de su libertad de forma automática. Si existiera riesgo de fuga, podrían ser objeto de una prisión preventiva de carácter justificado, atendiendo a las circunstancias específicas de su caso.
Estoy seguro que nos falta avanzar mucho para tener un sistema penal que no sea puramente represivo y que no tenga entre sus principales víctimas a las personas más pobres y carentes de buena asesoría jurídica. Eso no es, para nada, un modelo de justicia.
La sentencia de la Suprema Corte supone un paso adelante, muy valioso, para proteger el debido proceso legal y la presunción de inocencia. Es positivo además que el tema se haya discutido con valiosos argumentos y con un estudio profundo de nuestros jueces constitucionales. Falta mucho por lograr, pero lo que vimos la semana pasada fue bastante alentador.
