Diego Marroquín Bitar
Sin maíz no hay país, y en al caso de México eso no puede ser más claro. En diciembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto prohibiendo el uso de maíz genéticamente modificado (maíz amarillo) a partir de 2024. En lugar de proteger la seguridad alimentaria del país, esta decisión pone en riesgo millones de dólares en inversiones y miles de empleos tanto en México como en Estados Unidos.
México es autosuficiente en la producción de maíz blanco, que en su mayoría se usa para consumo humano. Sin embargo, la historia es muy diferente cuando se habla del maíz amarillo. El maíz amarillo es un insumo básico en la producción de las industrias pecuaria y agroindustrial y, sin compras en el extranjero, no podría cubrirse la demanda nacional de carne, cerdo, huevo y leche, entre otros productos de la canasta básica mexicana.
Somos el país que más importa dicho producto en todo el mundo, aproximadamente 2.9 mil millones de Dólares anuales. Por poner las cosas en perspectiva, durante 2021 nueve de cada 10 mazorcas compradas en el mercado internacional vinieron de Estados Unidos.
Del otro lado del río Bravo, Estados como Kansas, Nebraska y Missouri exportan a México más del 95% del maíz amarillo que producen. Otras economías como la de Iowa, que juegan un papel clave en la nominación de candidatos a la presidencia de Estados Unidos, también dependen de la exportación de maíz a México, tan sólo en 2021, las exportaciones de maíz amarillo emplearon a casi 45 mil trabajadores en Estados Unidos.
Por su importancia, tanto senadores estadounidenses como Chuck Grassley, como la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, o la ministra de Comercio canadiense Mary Ng, han comunicado a sus contrapartes mexicanas la «urgencia» por encontrar una solución que permita la entrada de maíz amarillo al país. Otros como Tom Vilsack, secretario de Agricultura de Estados Unidos, llevan reuniéndose con AMLO desde la publicación del decreto y a la fecha no han obtenido compromisos concretos del Gobierno mexicano más allá de empujar la prohibición a 2026.
Al igual que con la disputa energética, a medida que las conversaciones no logren resultados tangibles que ofrezcan garantías tanto a Canadá como a Estados Unidos, la incertidumbre y riesgos económicos crecerán para México.
Aún más preocupante son las potenciales consecuencias que esta medida tendría para los mexicanos, sobre todo para la población en situación de pobreza. Según un estudio de World Perspectives, una consultora basada en DC, si se prohíbe la importación de maíz amarillo a México, el precio del maíz blanco se dispararía 48%. Según el mismo estudio, sin maíz amarillo, el precio de productos como el pollo (14.7%), carne (12.6%) y leche (11%) también aumentarían significativamente.
¿Qué pesa más, la ideología o la cartera de los mexicanos? ¿Resulta más importante el discurso político que poner comida en la mesa? Estas son preguntas que tenemos que hacernos antes de respaldar una prohibición sin criterios técnicos que abriría la puerta a otra disputa con nuestros principales socios comerciales y tendría efectos negativos. La apertura comercial y el respeto los compromisos (Estado de Derecho) son clave para el desarrollo económico y seguridad alimentaria de México. Sin maíz no hay país, pero sin integración económica con Norteamérica tampoco habrá crecimiento ni mejores oportunidades para todos.
Posdata: a todo esto, ¿quién va a defender los intereses del país en Washington cuando Economía pidió la renuncia de su equipo en la embajada mexicana? Sin amplio conocimiento técnico y conexiones será mucho más difícil remar la tormenta. Sun
