La Señora X y los Moches 2.0
Raúl Rodríguez
Un moche es una dádiva que se otorga o solicita para recibir o por haber recibido algún beneficio valorado en dinero, asumido ya, en el colmo de nuestro cinismo, como una práctica institucionalizada.
Es, en expresión más sencilla, dinero por un favor. Una autoridad con poder es quien normalmente hace el favor y cobra por hacerlo (tráfico de influencias). Lo hemos visto desde hace años, igual con diputados que con jueces y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno.
La práctica evolucionó a los moches en especie. Caso reciente es el del cártel inmobiliario de Benito Juárez, CDMX, donde administraciones panistas principalmente (las de Mario Palacios Acosta, Jorge Romero Herrera, José Espina Von Roerich y Santiago Taboada) habrían pedido departamentos en condominio a cambio de permisos de construcción de desarrollos inmobiliarios. La presunta comisión de ese delito es investigada por la Fiscalía capitalina, que ya vinculó a proceso y mantiene en prisión preventiva a uno de los exdelegados acusados, Espina Von Roerich.
Pero los moches, como todo en la vida, siguen en evolución. Hoy podríamos hablar de los moches 2.0 o moches recargados. En ellos -y sigamos en el tema inmobiliario- la autoridad favorece a determinado desarrollador con permisos de construcción. No le exige nada a cambio, ni dinero ni beneficio en especie, pero eso sí, le sugiere (y cómo negarse ante quien le autorizará futuros negocios) que se contraten los servicios de empresas de su propiedad (tráfico de influencias y conflicto de intereses).
En ese moche 2.0 es que habría incurrido cuando fue delegada en Miguel Hidalgo (2015-2018), la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD), de acuerdo con la denuncia presentada el pasado jueves 20 de julio a la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, por Víctor Hugo Romo, sucesor de la presunta implicada en la jefatura de esa demarcación capitalina (2012-2015), quien la acusa de corrupción, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.
De acuerdo con la denuncia, al menos dos proyectos inmobiliarios que recibieron permisos de construcción durante la administración de Gálvez en Miguel Hidalgo contrataron posteriormente a una empresa ligada a la ahora senadora y aspirante a una candidatura presidencial: «High Tech Services» (HTS).
La empresa a cargo de los proyectos «One Marina Park» (Avenida Marina Nacional 60, Tacuba) y «Distrito Polanco» (Periférico Manuel Ávila Camacho 137, Polanco) es «Simetric Grupo Inmobiliario».
Para demostrar las referidas autorizaciones, el denunciante presenta dos videos con la transmisión en vivo de los actos de socialización del registro de manifestación de construcción de los proyectos «One Marina Park» (https://rb.gy/c3jh6) y «Distrito Polanco» (https://rb.gy/jhh44) , realizados el 24 de noviembre de 2016 por el entonces director Jurídico, Obdulio Ávila y el 7 de julio de 2017 por Xóchitl Gálvez, respectivamente.
En el caso de «One Marina Park», el inmueble ubicado en la dirección donde se llevó a cabo la socialización de la manifestación de construcción es propiedad de «Residencial Mariano Escobedo», sociedad anónima que facturó el pago de 69 millones 471 mil 574 pesos por servicios contratados a «High Tech Services» de Xóchitl Gálvez, de acuerdo con la información comercial y fiscal que proporcionó AMLO en la mañanera del pasado 16 de julio sobre las empresas de la senadora.
En cuanto al proyecto «Distrito Polanco», el inmueble ubicado en la dirección donde se llevó a cabo la socialización de la manifestación de construcción es parte del patrimonio de un fideicomiso del «Banco Ve por Más», institución de banca múltiple del Grupo Financiero Ve por Más que facturó el pago a «High Tech Services» de 51 millones 956 mil 479 pesos, siempre de acuerdo con la información dada a conocer por López Obrador.
Según el morenista exdelegado Víctor Hugo Romo, estos son solamente dos de los catorce casos que se están documentando, tres de ellos a punto de ser integrados a una ampliación de la denuncia: el de Torre Quadro (Periférico Manuel Ávila Camacho 76, Lomas Virreyes), Corporativo Cervantes Saavedra (PM Steele) (Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 183, Granada) y Torre Polanco (calzada Mariano Escobedo 476, Chapultepec).
Hablamos en estos dos casos de beneficios por poco más de 120 millones de pesos presuntamente pagados a empresas de Gálvez Ruiz por inmobiliarias que contrataron los servicios de una empresa de su propiedad, luego de que como delegada les otorgó los permisos de construcción.
Ese monto rebasa los 86 millones de pesos en que se valuó la casa blanca de Peña Nieto, propiedad del Grupo Higa, contratista favorito del expresidente priista, que se la habría entregado como pago a los favores recibido.
Aquel escándalo dio la puntilla en noviembre de 2014 a la credibilidad del gobierno de Peña Nieto que no había llegado ni a la mitad de su gestión. Éste de los presuntos moches 2.0 de Xóchitl Gálvez sería tan grave como aquel si llegara a comprobarse.
Pero en términos aritméticos, si los mil 400 millones de pesos que sus empresas ingresaron ente 2015 y 2023 -según la información de AMLO- son producto de la corrupción y el tráfico de influencias, entonces estaremos ante un caso dieciséis veces más escandaloso. Sun
