Santiago Corcuera Cabezut
En mi colaboración publicada en este mismo espacio el pasado 16 de septiembre, me referí a la comparecencia de México ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), tras la visita que realizó al país en noviembre de 2021.
En dicha colaboración anuncié que el CED redactaría sus observaciones de seguimiento respecto de la comparecencia de la delegación mexicana, mismas que ya han sido publicadas el día 29 de septiembre pasado.
En sus observaciones el CED «agradece el diálogo constructivo con la delegación del Estado parte». Es de resaltarse que el CED solo se refiere a la «delegación», pues, normalmente, cuando el estado concernido envía una delegación de «alto nivel», así lo destaca. Como lo señalé en mi colaboración del 16 de septiembre, «llamó mucho la atención que México no hubiera enviado a Ginebra una delegación de alto nivel. No acudieron los Subsecretarios de Derechos Humanos de SRE ni de SEGOB». Queda demostrado que esto no pasó desapercibido al CED.
El CED señala ciertos aspectos positivos que se refieren principalmente a documentos aprobados e instalación de mecanismos, laboratorios, banco de datos forenses; pero «lamenta la persistencia de una situación generalizada de desapariciones en el Estado parte»; y le preocupa «la ausencia de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones», lo que quiere decir que no basta con publicar leyes, reglamentos, protocolos y construir instalaciones, sino que es necesario «adoptar e implementar urgentemente una política nacional e integral de prevención y erradicación de las desapariciones», pues como se sabe, existen estudios que demuestran que en México se dan alrededor de 25 (o más) desapariciones por día, lo que implica una persona desaparecida por hora.
Dentro del capítulo de Política de Prevención y Erradicación de las Desapariciones, el CED «exhorta al Estado parte a fortalecer a las fuerzas civiles del orden y establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública, con plazos determinados y acciones específicas» lo que representa una reiteración de la recomendación que el CED formuló a México en el informe de su visita realizada en noviembre de 2021. Debe recalcarse el uso de la palabra «exhorta», que es el término más fuerte que en el lenguaje diplomático se usa para hacer un llamado a un país para que haga algo, a diferencia de otros términos más suaves como «instar» o «llamar». Es claro que para el CED, como para otras instancias internacionales que han revisado la situación de seguridad en México, una de las principales causas de la espiral de violencia del país, es el enfoque de militarización de la seguridad pública. Es por ello que al CED, «le preocupa la publicación del Decreto de noviembre de 2022 que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028».
Entre otros muchos temas importantes a los que el CED se refiere en sus observaciones, que por razones de espacio no podemos describir aquí, el CED señala que le preocupa el llamado «censo» que por iniciativa del Presidente de la República se está llevando a cabo como un «proceso de actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas» pues «no es ejecutado por las autoridades competentes (…) no cuenta con una metodología clara y transparente (…) y en cuya implementación se han denunciado actos de revictimización».
Es decir, más que intentar reducir «las cifras», es necesario que ya no ocurran más desapariciones. No es cuestión de números y maquillaje para fines político-electorales, sino de vidas humanas, de más de 112 mil personas registradas como desaparecidas y cuyos familiares no han recibido una respuesta adecuada por parte del gobierno. Por eso claman: ¡hasta encontrarles! Sun
