Mariana Campos
(Directora general de México Evalúa)
En todo el mundo, los poderes judiciales suelen ser objeto de múltiples intentos de captura y debilitamiento. Los atacan los poderes ejecutivos y legislativos o actores con poder fáctico. Esto se debe a que los poderes judiciales fungen como contrapeso en la validación de leyes o en la ejecución de iniciativas o proyectos del interés de tales actores.
Los intentos por descafeinar o erosionar la actuación imparcial de las personas juzgadoras toma distintas formas. Por ejemplo, se aprueban presupuestos insuficientes; o se presentan iniciativas regresivas para quitarles facultades. Se ha llegado al extremo de atacar la integridad del personal judicial.
Por todo lo anterior es indispensable salvaguardar la independencia de los poderes judiciales a través de mecanismos y políticas públicas que lo garanticen. En el caso de México, es necesario que la Constitución federal establezca elementos mínimos que limiten los intentos de injerencia externa.
El Ejecutivo federal presentó hace unos meses una iniciativa de reforma constitucional para someter a las urnas la designación de las personas juzgadoras (ministros, magistrados y jueces federales y locales). Obviamente, politizar el proceso de su designación no resolverá el problema, sino todo lo contrario. Los jueces se deben a la verdad. No pueden estar preocupados por el «quedar bien» o por «agradar» a clientelas políticas.
Para abonar al debate de la reforma a los poderes judiciales, México Evalúa publicó el estudio «Fortalecer la justicia estatal mediante una reforma constitucional». En él se plantean propuestas de cómo sí se debe fortalecer su independencia. Aquí exponemos tres que nos parecen esenciales:
1. Garantías presupuestarias:
Los poderes judiciales deberían contar con presupuesto suficiente para mejorar la impartición de justicia. Podrían blindarse de presiones indebidas si este presupuesto estuviera garantizado. Dejaría, así, de ser una herramienta al uso para vulnerar su función de contrapeso. Sería un presupuesto no menor al 2.5% del presupuesto estatal, sin que pueda ser disminuido, salvo que el poder judicial lo solicite. La posibilidad de ser partícipe en su discusión presupuestal sería una medida idónea para garantizar su autonomía presupuestaria.
2. Vigilancia independiente contra la corrupción:
La Constitución también debería prever mecanismos para mejorar la vigilancia y el combate a la corrupción de los poderes judiciales. Para esto se necesita desarrollar políticas que favorezcan la prevención, control y sanción de actos de corrupción en su interior. Además, la designación del titular del órgano de control no recaería en los propios poderes judiciales, sino en los congresos. con base en medidas de transparencia y criterios de selección objetivos.
3. Medidas para asegurar los perfiles idóneos:
La Constitución también debería contemplar elementos para fortalecer los procesos de designación de magistrados, jueces y consejeros de las judicaturas. Entre las recomendaciones que deben considerarse están: concursos de oposición sólidos y transparentes, procesos abiertos y participativos, y prohibiciones con temporalidad definida en torno a su afiliación partidista o participación dentro de un gobierno.
Actualmente, pocos poderes judiciales locales cuentan con herramientas para frenar los ataques a su independencia. Eso debería ser suficiente para impulsar una reforma constitucional basada estándares internacionales cuyo fin sea fortalecer a los tribunales locales.
Recordemos que la justicia estatal es la primera puerta que las personas tocamos para buscar soluciones a nuestros conflictos cotidianos. Sin el entorno legal adecuado, la afectación no sólo es para los poderes judiciales locales, sino para los miles de mexicanos que buscan acceder a la justicia para salvaguardar otros derechos. Sun
