José Meléndez, corresponsal
Por los trillos terrestres, fluviales y marítimos de Guatemala a México ya se contrabandeó con seres humanos para explotación laboral, sexual, migrante y adopción ilegal, sicarios, cocaína, heroína, amapola, fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas, precursores químicos, maderas preciosas, animales protegidos, bienes arqueológicos y, a veces, hasta papel higiénico y cervezas.
Por los de México a Guatemala ya se traficó con armas de fuego, municiones, gasolina y otros derivados del petróleo, dinero en efectivo, vehículos robados en Estados Unidos y, a veces, hasta jabón y tequila.
Todo operó con un nexo común: el involucramiento de caciques políticos mexicanos y guatemaltecos con el crimen organizado transnacional que, en una mezcla de corrupción con fuerzas de seguridad de ambos países que surgió hace más de 50 años, acaparó dominio de los 965 kilómetros de longitud de la porosa frontera entre México y Guatemala.
Joaquín, «El Chapo», Guzmán, el más famoso narcotraficante mexicano, líder del Cártel de Sinaloa -uno de los más poderosos de México- y condenado en 2019 en Estados Unidos a cadena perpetua más 30 años de cárcel por narcoactividad, fue detenido en 1993 en el conflictivo suroccidental departamento (estado) guatemalteco de San Marcos. Guzmán fue repatriado de inmediato por Guatemala desde ese sitio limítrofe con México.
En un cruce de ataques políticos y diplomáticos, Guatemala acusó en la década de 1980 a México de permitir el contrabando de armas de las fuerzas militares mexicanas para las guerrillas comunistas guatemaltecas.
El embate de los cárteles mexicanos De Sinaloa y Los Zetas también atacó la Reserva de la Biosfera Maya, bordeada por México por el norte y el oeste y por Belice por el este, ubicada en la norteña región guatemalteca del Petén, con 21 mil 602 kilómetros cuadrados y el área natural protegida más grande de Guatemala. Contratados por ambas narcomafias, campesinos guatemaltecos desataron en 2017 una ola de incendios en la Reserva, abrieron trochas y ocuparon tierras para facilitar sus operativos de narcotráfico al improvisar pistas clandestinas de aviación y recibir aeronaves cargadas de drogas y procedentes de Colombia y Venezuela.
«El primer actor de la narcopolítica en Guatemala es el Estado [guatemalteco] por su falta de presencia», afirmó el guatemalteco Carlos Barrios, secretario general de la exguerrillera e izquierdista Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
«Donde el Estado, a través de su institucionalidad pública, está ausente, principalmente en áreas fronterizas como en el sur de México, entonces gobiernos municipales, gobernaciones departamentales y diputados tienen este financiamiento [del narcotráfico] a sus campañas políticas» para favorecer al crimen organizado, dijo Barrios a EL UNIVERSAL. Al narrar que Guatemala «está vulnerable» por la penetración de las mafias en sus límites con el sur de México, explicó que alcaldes y políticos guatemaltecos «ven manchada su participación [institucional] por su fuerte vínculo con el narcotráfico».
Arrastrada desde 2023, una guerra entre los cárteles mexicanos y guatemaltecos se agravó en 2024 en áreas fronterizas de México y Guatemala y concentró las alertas estadounidenses. Por ser contraparte del Cártel de Sinaloa para llevar, de Guatemala a México, cargamentos de cocaína procedente de Colombia, Ecuador, Venezuela y Centroamérica, el guatemalteco Juan José Morales Cifuentes fue extraditado el jueves 17 de mayo de su país a EU.
Morales personificó un emblemático caso de parientes, política y narcotráfico: el Cártel de los Pochos, de Guatemala, dirigido por la familia guatemalteca Suñiga Morfín. En febrero anterior, el Departamento del Tesoro de EU identificó como narcotraficantes a Morales, a su esposa, la alcaldesa Isel Aneli Suñiga Morfín, y a otro de sus miembros y a cuatro de sus empresas por operar al servicio de la mafia De Sinaloa. La ahora alcaldesa fue candidata a Miss Universo 2017. Tras ganar en junio de 2023, asumió en enero como alcaldesa del municipio de Ayutla, en San Marcos.
Suñiga fue hija del político guatemalteco Érick Suñiga Rodríguez, alcalde de Ayutla de 2008 a 2019 y extraditado por narcotráfico en 2019 a EU, donde murió de cáncer en una cárcel en 2020, y es sobrina del guatemalteco José Juan Suñiga, extraditado a Estados Unidos en 2021 por narcoactividad.
Los comicios de 2023 en Guatemala posicionaron en San Marcos a tres alcaldes sospechosos de narcotráfico. Roderico Ramos ganó en San José y su hermano, Dionel Ramos, en Esquipulas. Edilma Navarijo fue reelecta alcaldesa en La Blanca, en el litoral de San Marcos, mientras su hijo, Carlos Preciado, exalcalde de Ocós, en ese departamento, está preso en EU por narcotráfico.
«Todo esto se trata de la captura del Estado por parte del narcotráfico y del crimen organizado», adujo la socióloga guatemalteca Carmen Rosa de León, analista política y consultora independiente internacional en seguridad y defensa.
«Los narcotraficantes primero amenazaron y corrompieron alcaldes y poderes y diputados regionales, para obtener vía libre en el contrabando. Luego financiaron candidatos para ganar esos cargos. Después decidieron que lo mejor era ponerse ellos mismos, los capos, de candidatos y asumir esos puestos [de elección popular]», describió De León a EL GRAN DIARIO DE MÉXICO.
«Concluyeron que, en vez de testaferros, mejor ponerse ellos, capos principalmente locales, para controlar poderes locales y regionales. Los alcaldes tienen sus propios cuerpos policiales y pueden negociar con el gobierno nacional», dijo.
Un caso exhibió la turbulenta realidad entre México y Guatemala. La guatemalteca Roxana Baldetti, vicepresidenta de Guatemala de 2012 a 2015 y condenada en 2018 y 2022 en su país por corrupción a 31 años de cárcel, aceptó en 2017 ser extraditada a EU (aún pendiente). EU reveló que el de Los Zetas la reclutó ya electa y antes de asumir su cargo y le pagó 250 mil dólares para que, en funciones, la policía de Guatemala le dejara traficar drogas a México. Sun
