Carlos Seoane
(Consultor en Seguridad y Manejo de Crisis)
La sentencia a Genaro García Luna (GGL) a 38 años de prisión en Estados Unidos marca un antes y un después en nuestra historia. Más allá de que su juicio se construyó básicamente a partir de declaraciones de criminales confesos, el impacto de este proceso traspasa la culpabilidad o inocencia del exsecretario de Seguridad Pública.
Lo que queda claro es que su caso se convertirá en un referente para el combate al crimen organizado y la relación entre México y Estados Unidos, con profundas implicaciones para el futuro de la seguridad y la política en nuestro país.
Este caso nos recuerda que, cuando se trata de juicios en el país vecino del norte, los testimonios de criminales convertidos en testigos protegidos son aceptados como verdades irrefutables. Así lo vimos en el caso de «El Chapo» Guzmán y lo veremos, muy probablemente, en el próximo juicio de «El Mayo» Zambada.
Lo que se diga tiene el poder de devastar vidas, cambiar el rumbo de instituciones, y marcar el destino de muchos funcionarios públicos, sin que necesariamente se presente evidencia contundente más allá de dichos. Este método, criticado por algunos, se ha convertido en una fórmula efectiva para condenar a figuras como GGL y, en el futuro, puede ser utilizado para implicar a otros altos funcionarios mexicanos.
Este precedente legal también abre la puerta a una serie de implicaciones políticas en nuestro país. GGL, quien en su momento fue el funcionario más reconocido por sus logros en la lucha contra el narcotráfico, termina su carrera marcado por la corrupción y la traición. Esta condena no solo pone un sello de corrupción sobre el sexenio de Felipe Calderón, sino que también cuestiona la efectividad de la cooperación binacional entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Las tensiones solo se intensificarán.
Lo que sucedió en este juicio no es solo una cuestión de justicia, es también una estrategia política. Los nombres que salgan a relucir en el juicio de Zambada tendrán repercusiones graves, como ya lo vimos en el caso de GGL. Es un hecho que, durante décadas, las relaciones entre el poder político en México y el crimen organizado han sido complejas, muchas veces opacas, y en ocasiones, directas.
Las acusaciones de Zambada, de que figuras políticas de alto nivel, como el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, están involucradas en operaciones delictivas, son un claro ejemplo de cómo estos juicios pueden exponer verdades sumamente inconvenientes y profundamente incómodas.
En este sentido, el juicio de GGL no es solo un caso aislado, sino el inicio de una serie de procesos que pondrán en la mira a muchos otros actores en México. El patrón que se ha establecido es claro: lo que se diga en los tribunales de Estados Unidos tiene el potencial de ser tomado como verdad absoluta, y quienes sean señalados difícilmente podrán escapar del escrutinio público. Esto afecta no solo a los individuos implicados, sino también a las instituciones que representan, tal y como fue el caso de la extinta Policía Federal.
Finalmente, este caso marca un precedente no solo para la justicia, sino para el entendimiento de cómo se maneja el combate al crimen organizado en México. Tenemos que enfrentar una dura realidad: la lucha contra la delincuencia organizada ha sido y sigue siendo brutalmente ineficaz y corrupta.Sun
