Eduardo Andrade Sánchez
(Investigador de El Colegio de Veracruz y Magistrado en retiro)
Una «crisis» es una situación mala o difícil. Nuestra Constitución no se encuentra en ese estado puesto que está plenamente en vigor y aplicándose como lo dispuso el Poder Constituyente Permanente. Lo que se encuentra en crisis es el Poder Judicial que ha decidido volverse contra sí mismo y contra el Estado del que forma parte mediante una «resistencia» -como le llamó presidenta de la Corte- al cumplimiento de sus deberes, que lo colocan en una tesitura de pérdida de legitimidad ante la gente que, en lugar de recibir el servicio de administración de justicia, observa cómo los juzgadores se han dedicado solo a proteger sus propios intereses.
Con ese fin, una Jueza llegó al absurdo de amenazar a la presidenta Sheinbaum de proceder penalmente contra ella por no satisfacer la improcedente petición de eliminar del Diario Oficial una reforma ya publicada y en vigor, esto es «borrar» de un plumazo artículos constitucionales, lo cual solo es facultad del Poder Reformador de la Constitución. La Presidenta con toda razón se negó a atender tan aberrante resolución de una juzgadora que carece de facultades para suspender la aplicación de una reforma constitucional, puesto que la Ley de Amparo establece claramente que contra tales reformas no procede el amparo.
Se ha llegado a decir que la Presidenta se «escuda» en el fuero para no acatar una resolución jurisdiccional. El ejercicio presidencial no tiene más escudo de la Constitución. Ella está obligada por el compromiso formal que realizó ante el pueblo de México a cumplirla y hacerla cumplir. La pretensión de imputarle un desacato demuestra que quienes se han opuesto a las recientes reformas constitucionales están decididos a acudir a toda clase de truculencias jurídicas, sin aceptar que la responsabilidad de la crisis en que se ha colocado el Poder Judicial la crearon sus propios miembros.
Las voces que afirman que tal afectación proviene de la reforma ignoran deliberadamente que esta se efectuó por medios constitucionalmente previstos, en tanto que los juzgadores han violentado el Estado de Derecho que dicen defender, desafiando el contenido de la Constitución y recurriendo a un paro ilegal que afecta el derecho humano de los justiciables, e incluso haber empleado la violencia para ingresar por la fuerza al recinto en el que sesionaba otro Poder.
Lo más grave es que esta crisis del Poder Judicial también está volviendo crítica la situación en la Academia y la enseñanza del Derecho, al punto de que juristas con sólida formación y demostrado criterio jurídico decidieron poner a un lado sus conocimientos para dejarse arrastrar por una corriente política contraria al gobierno actual.
No hay duda de que tienen derecho a diferir y escribir aquellas consideraciones doctrinales que puedan estar en contra de lo que ahora dice la Constitución. Lo que no les está académicamente permitido es violentar principios básicos de interpretación jurídica para poner esa distorsión al servicio de una causa política.
Esa causa puede ser defendida en la arena de la política electoral, pero la pasión desbordada en contra de una postura constitucionalmente ya firme, que obnubila el recto juicio de los juristas al grado de volverlos absolutamente intolerantes a cualquier opinión distinta, coloca al ámbito académico también en crisis.Sun
