Leslie Jiménez
Lo que está ocurriendo en Teuchitlán no es un caso. Es apenas una fracción mínima de una realidad que nos atraviesa y que, como sociedad, preferimos ignorar. Desde que se supo de la existencia del rancho Izaguirre, la maquinaria oficialista no ha cesado en su intento por deslegitimar lo ocurrido. La campaña para minimizar el hallazgo ha sido brutal, porque resulta difícil -en medio de la normalización del horror- aceptar que, en ese terreno, podrían haber sido asesinadas personas desaparecidas. Pensarlo, siquiera imaginarlo, parece llevarnos al límite de lo soportable.
Pero hay algo aún más grave: hemos llegado al punto de exigirle legitimación a la indignación. Se desacredita a las madres y familias buscadoras, insinuando que, si sus hijas o hijos fueron víctimas, es porque estaban «metidos» en el crimen organizado. Como si hubiera personas que sí merecen desaparecer y otras que no. Como si el derecho humano a ser buscado dependiera de tener un expediente limpio o de cumplir con una narrativa de pureza moral. Nadie -absolutamente nadie- debería desaparecer.
Y mientras todo esto ocurre, parte del debate público se escandaliza porque un influencer se indigna. ¿Acaso Luisito Comunica -uno de los creadores de contenido más vistos del país- no puede manifestar horror? ¿Quién puede entonces? ¿Sólo quienes encajan en una indignación políticamente correcta? ¿Sólo las víctimas «ideales»? Sí, podrá ser cuestionado en muchas cosas, pero es descarada la desesperación institucional por invalidar un señalamiento genuino de hartazgo ante la violencia y el dolor.
Se indignan porque un creador de contenido se indigna. Se indignan porque una madre buscadora les grita en la cara las deficiencias de su sistema, porque no soportan que les nombren lo que son: omisos, ausentes, rebasados. Y mientras se ofenden, olvidan (o prefieren no ver) que entre 2019 y 2022 se registraron 35,669 desapariciones, pero en ese mismo periodo, los poderes judiciales locales sólo reportaron 141 sentencias condenatorias. La desproporción es insultante: decenas de miles de desapariciones y apenas un puñado de condenas.
Pero lo más ofensivo es el circo de dolor que ha montado el fiscal general de la República. La presencia de la FGR en el rancho Izaguirre no garantiza justicia ni verdad. Lo único que ha dejado claro es el tamaño del elefante blanco que nadie quiere mirar: las Fiscalías, tanto locales como federal, están completamente rebasadas.
Los colectivos de búsqueda hacen lo que el Estado no puede, no sabe o no quiere hacer. Las fiscalías carecen de personal especializado, de científicos forenses, de protocolos efectivos y, lo más importante, de empatía. No tienen capacidad de investigación, ni recursos suficientes, ni condiciones mínimas para enfrentar esta crisis humanitaria.
Que lo ocurrido en Teuchitlán sirva, al menos, para voltear los ojos hacia las fiscalías. Para verlas sin el barniz institucional, sin los discursos de «transformación» que nunca llegan a materializarse. Para ver sus instalaciones frías y deterioradas, la opacidad de sus protocolos, acuerdos y ubicaciones; los baños sucios, las sillas rotas, la falta de papel, de internet, de personal, de presupuesto, de voluntad política. En pleno 2025, no hay transformación digital posible cuando ni siquiera se garantizan servicios básicos. La precariedad institucional no es un problema administrativo: es una forma más de violencia contra quienes buscan justicia.
Y no, tampoco votando 27 mil veces por «ministras del pueblo» o por «jueces ángeles de la justicia» se va a resolver esta catástrofe. La desaparición forzada, la negligencia institucional y la impunidad no se combaten con discursos populistas ni con shows mediáticos. Se enfrentan con voluntad política, con memoria, con verdad y con justicia.
Teuchitlán no es la excepción. Es el espejo roto de un país que se nos está yendo de las manos. Sun
