El Cártel de la Inseguridad y su Jugoso Negocio
Raúl Rodríguez Cortés
El jueves pasado, durante la reunión del gabinete de seguridad que encabeza todos los días muy temprano la presidenta Claudia Sheinbaum, y luego de que revisaran estadísticas y midieran la creciente presión social y política por mejorar resultados, se fortaleció la idea que sostienen algunos de los funcionarios de esa junta: los Estados con el peor desempeño en la materia tienen la misma empresa como principal proveedora de tecnología de seguridad.
Se trata, según se dijo ahí, de «Seguritech», empresa señalada por incumplimientos, mala calidad de servicios y la obtención de contratos millonarios que no han logrado reducir la percepción de inseguridad en las regiones donde opera.
Como se recordará, la referida empresa, junto con el diputado morenista Pedro Haces y el exgobernador de Veracruz aún en prisión Javier Duarte, contrató a su vez a la firma española «Eliminalia» para borrar o desindexar información negativa en su contra, pero el trabajo no tuvo éxito.
Según un análisis de los contratos gubernamentales otorgados a «Seguritech» desde 2012, la empresa ha recibido más de 30 mil 991 millones de Pesos en adjudicaciones por parte de Gobiernos de diferentes niveles. A pesar de estas inversiones, los resultados han sido cuestionables.
Uno de los casos más emblemáticos es el del programa Escudo en Guanajuato, donde la empresa recibió más de dos mil 727 millones de Pesos por la implementación de sistemas de videovigilancia y botones de pánico. No obstante, la violencia en el Estado ha seguido en aumento.
En Ecatepec, otro ejemplo, «Seguritech» instaló miles de cámaras de seguridad sin que esto se haya traducido en una mejoría tangible de sus índices delincuenciales y de violencia.
Y en la Ciudad de México, durante la administración de Miguel Ángel Mancera, quedó documentado el fraude de las alarmas vecinales y la deficiente calidad de los servicios de la empresa.
De acuerdo con lo comentado en el gabinete de seguridad, la empresa ha engañado a lo largo de los años a varios gobernadores con reportes maquillados y excusas que hoy resultan insostenibles.
Y así, mientras los índices de criminalidad siguen al alza, la empresa hoy conocida como «el cártel de la inseguridad» continúa recibiendo contratos multimillonarios, sin que sus soluciones tecnológicas representen una mejoría real para la seguridad pública.
Instantánea:
OPACIDAD EN PEMEX. En medio del muy complejo entramado de toma de decisiones para la recuperación de Pemex, han surgido figuras cuya influencia parece ir más allá de sus cargos formales. Proveedores que denuncian favoritismo en las licitaciones e incluso empleados de la petrolera, han señalado a Sergio Rosado Flores, subdirector de Evaluación y Cumplimiento Regulatorio, por sus vínculos previos con empresas del sector de los que infieren posibles conflictos de interés.
Gabriela Cano, con experiencia en infraestructura energética, también ha sido mencionada por su inusual concentración de poder en varios espacios estratégicos. Parte de esa red es el ex subdirector de Almacenamiento en Pemex Logística, Eduardo Padilla Yerba, quien dejó la empresa con cuestionamientos sobre su gestión. Sun
