Raúl Rodríguez Cortés
Aquí referíamos el pasado viernes 14 de marzo que la crisis de seguridad que sufre el país se propaga y alcanza localidades que hasta hace poco eran reducto de tranquilidad y calidad de vida.
Es el caso de San Pedro Garza García, Nuevo León, el municipio más rico del país, donde su propia policía es una mafia que extorsiona a sus habitantes.
Los comerciantes sampetrinos, por ejemplo, son asediados por estafadores con uniforme policiaco que abusan de su poder y sobrepasan sus funciones al exigirles «mordidas» para no clausurar sus negocios.
Los abusos no distinguen giros y lo mismo se cometen en restaurantes, tiendas o todo tipo de empresas a cuyos propietarios cobran «derecho de piso» y/o «cuotas» para garantizar que no serán víctimas de sus atracos.
De manera que la policía de San Pedro, catalogada en su momento como una de las mejores del país, soslaya sus protocolos, viola derechos humanos y es hoy una corporación temida por la ciudadanía por sus cada vez más evidentes nexos con el crimen organizado.
La mafia policiaca sampetrina es presuntamente conducida por José Luis Kuri, secretario municipal de Seguridad Pública y las denuncias ciudadanas ahora señalan que se ha dedicado a reclutar exconvictos para integrarlos a la corporación.
Tan solo hace un par de semanas tuvo que dar de baja a uno de los principales mandos policiacos, después de que se comprobaron sus antecedentes penales en Estados Unidos.
A decir de los sampetrinos, esto es producto de lo que en su momento impulsó el alcalde Mauricio Fernández Garza para disponer de un grupo policiaco especial y confiable, al que llamó «Rudo» y cuyas cabezas, al paso del tiempo, establecieron vínculos con diferentes organizaciones delictivas.
El alcalde Fernández se ha limitado a declarar que las extorsiones a empresarios deben demostrarse, razón por la cual salieron a la luz y ya fueron denunciados más funcionarios involucrados en este esquema de extorsión.
Tal parece ser el caso del coordinador de Asuntos Internos, Fernando Huizar, denunciado por clausurar negocios legalmente establecidos por no acceder a sus requerimientos de dinero.
Huizar ha cesado a policías honestos con grado de suboficial por negarse a entregar armamento a gente de su jefe Kuri que no cuenta con exámenes de control de confianza, ni permisos para la portación de arma.
Ese es el contexto en el que se ha desatado una ola de violencia que incluye asaltos y robos a negocios, en el otrora seguro San Pedro.
Autoridades federales ya investigan este caso en el que el gobernador Samuel García ha brillado por su ausencia.
La disputa por el control de la Corte
Apenas llevan una semana las campañas para la elección judicial del próximo primero de junio y proliferan los señalamientos de que no hay piso parejo.
Ya se observan fricciones entre grupos del partido en el poder, sobre todo en lo que toca a la conformación del pleno de nueve integrantes de la Corte (cinco mujeres y cuatro hombres) y a la elección de quien lo presidirá.
Anote esto que circula en los corrillos del Senado: que el presidente de su Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López aceita la maquinaria para trabajar en favor de que la ministra Yasmín Esquivel presida el máximo tribunal del país.
El plan incluye el apoyo de gobernadores, dinero para promoción en redes sociales, eventos y movilización de simpatizantes, además de reforzar el objetivo estratégico de contrarrestar el desgaste que le ha generado la denuncia por el presunto plagio de su tesis de licenciatura.
¿Estará la presidenta Sheinbaum enterada de esta operación que se fragua al interior de Morena en apoyo a la esposa de José María Riobóo, uno de los constructores favoritos del gobierno de AMLO?
Porque ella ha insistido desde el Palacio Nacional que será el pueblo el que decida con su voto, pero, así como se sabe del referido plan de apoyo a Esquivel de una facción política de Morena, también se conoce que otra, de la que forma parte el ex coordinador de comunicación de AMLO, Jesús Ramírez, actual coordinador de asesores de la presidenta Sheinbaum, respalda a la ministra Lenia Batres en sus intenciones de presidir la Corte. A ella se le identifica, junto con su hermano Martí, director del ISSSTE, con el grupo más radical del partido en el poder.
La ministra Loretta Ortiz, por su parte, ha dejado ver la red de relaciones tejida durante muchos años por ella y su recientemente fallecido esposo José Agustín Ortiz Pinchetti al interior del Poder Judicial, pero también, en la organización de sus mítines y reuniones, el apoyo de francisco Cervantes, líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de Martín Esparza, de la Cooperativa Cruz Azul y de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), liderada por el diputado Pedro Haces, por lo que no faltan voces que infieren el respaldo del presidente de la Junta de Coordinación Política la cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
En el fragor de las campañas le han revivido a Loretta Ortiz (¿fuego amigo?) su presunta implicación en un caso de tráfico de influencias denunciado en Estados Unidos por Banco Santander, lo que apagó un tanto sus optimistas declaraciones de que ella presidirá la Corte.
Esquivel, Batres y Ortiz son ministras en funciones lo que les dio pase automático para participar en la elección de lo que será el nuevo máximo tribunal. Por el apoyo que de una u otra forma tienen de facciones del partido en el poder, es casi seguro que obtengan un asiento en el nuevo pleno. Su disputa está centrada en obtener el mayor número de votos para ser quien lo presida.
Un estudio de opinión realizado a finales de marzo por la encuestadora «Algoritmo» da a la ministra Esquivel el 14% de las preferencias, a la ministra Batres 13% y a la ministra Ortiz 11%.
